Tal vez para preparar a los españoles para un descanso agosteño con buen humor y olvidados temporalmente de las preocupaciones económicas, el Gobierno ha terminado el curso político ofreciendo al respetable una porción de despropósitos y gansadas en forma de consejas encaminadas a ahorrar energía y reducir los riesgos de accidentes de carretera. El ministro de Industria ha aparecido en un diario nacional con una camiseta "alternativa" y enarbolando una bombilla de bajo consumo a modo de parodia de la Estatua de la Libertad, y tanto él como su colega de Interior han convocado a los periodistas para transmitir a la opinión pública ideas tan fundamentales como que "cada vez que se levanta el pie del acelerador se aumenta el PIB" o que "manteniendo las ventanillas del coche cerradas se reduce el consumo de gasolina", aunque el señor Pérez Rubalcaba manifestó ser consciente de que eso tiene sus inconvenientes en los automóviles que carecen de aire acondicionado. Son sólo dos ejemplos de la transmisión de sabiduría a que estos miembros del Gobierno se han entregado antes de ir a gozar de un merecido descanso después de ese esfuerzo intelectual.
Pero aunque la actividad política se ralentice, la vida sigue, el contador de nuevos desempleados continúa corriendo, la reciente bajada del precio del crudo no se ha reflejado en el precio del carburante con la celeridad con que se reflejan las subidas, la estadística de ventas de automóviles revela una nueva caída el último trimestre, aumentan visiblemente tanto las empresas que suspenden pagos como las familias en quiebra técnica -es decir, con más compromisos de pagos que ingresos-, y las previsiones de acabar el año con el 1,6% de crecimiento económico ya se están revisando a la baja, y no sorprendería a nadie que despidiéramos 2008 con estanflación (palabro que quiere designar estancamiento más inflación) o incluso con crecimiento negativo, eufemismo usado por los economistas para no decir sencillamente empobrecimiento en términos absolutos.
En suma, hemos empezado unas vacaciones preocupadas, pese a las ocurrencias ministeriales para que sonriamos a la vista de la que está cayendo.
Las "otras" políticas
A falta de ideas sobre cómo hacer frente a la crisis, el Gobierno se apresta a poner en marcha las "otras" políticas, referentes a las costumbres, la corrección política, las relaciones con la Iglesia católica y los nuevos dogmas de apariencia "progre" y las maneras de imponerlos a la gente, tanto si le gustan como si no.
A modo de despedida del curso político, el presidente del Gobierno recibió en el palacio de La Moncloa al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela. Fue una convocatoria apresurada, con veinticuatro horas de antelación, destinada a hacerse la foto cuasi ritual de inicio de Legislatura, sólo que cinco meses después de las elecciones. Según las informaciones que llegan de una y otra parte, se anuncian conflictos serios para el curso que viene con ocasión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC), que según los cursos adopta unos u otros nombres, y se ciernen nubarrones de tormenta sobre la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa, que la jerarquía católica teme que acabe poniendo dificultades a la libre acción de la Iglesia, tanto en cuanto al culto público como a la enseñanza o la acción caritativa y, en general, a su visibilidad social (a este propósito, cada vez que un Gobierno del PSOE llama a una ley "de libertad" de algo, es para restringirla, coartarla y falsificarla, como ha ocurrido, por poner el ejemplo más escandaloso, con la llamada "ley de libertad sindical"; son cosas de nuestros socialistas).
Habrá que ocuparse con más detenimiento de la EPC en semanas venideras de este mismo mes, porque en cuanto llegue septiembre, al reabrirse los colegios, tendrán que ocurrir cosas de mucha importancia en relación con las libertades consagradas en la Constitución, especialmente la religiosa, la de educación y la de expresión.
Según fuentes de La Moncloa, el presidente Rodríguez dijo al cardenal Rouco que nadie puede imponer una fe, una moral o unas costumbres, pero sí debe imponerse la obediencia a la ley. Esto suena bien, siempre que no se tome uno la pequeña molestia de pensar qué ocurre, por ejemplo, con las leyes injustas o con las que contradicen la Constitución, o qué ocurre con la objeción de conciencia, que en el caso concreto de la EPC ya ha sido avalada por más de treinta sentencias judiciales y otros tantos autos y providencias diversas a favor de los objetores.
El multiasesino, en libertad
Esta semana hemos tenido experiencia directa del cumplimiento de una legislación a todas luces injusta, en cuya virtud el terrorista convicto de veinticinco asesinatos, José Ignacio de Juana Chaos, ha quedado en libertad después de haber cumplido veintiún años de prisión.
¿Se ha cumplido la ley? Si no contamos las sólidas dudas sobre falsificación de documentos que acortaron su condena, podemos decir que, efectivamente, se ha cumplido. Ahora bien, ¿es justo que el terrorista haya pagado con diez meses de prisión el castigo por cada uno de los inocentes a los que asesinó? Es evidente de toda evidencia que no es justo; es injustísimo, y doblemente injusto si tenemos en cuenta que, por un lado, no ha satisfecho la parte de su condena que le obliga a indemnizar a los familiares de sus víctimas gracias a ardides leguleyos que lo convierten en insolvente, y por otra parte que no sólo no ha mostrado el menor signo de arrepentimiento, sino que anda por ahí jactándose de su conducta criminal.
Ahora algunos quieren encontrar resquicios legales para evitar que, para mayor escarnio, este multiasesino vaya a ser vecino de las familias de algunas de sus víctimas. Mal remiendo a una ignominia que debería avergonzarnos a todos.
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