AGENCIAS, Madrid/Caracas
El Grupo Santander confirmó ayer que mantiene negociaciones con el Gobierno venezolano para vender su filial en el país latinoamericano, el Banco de Venezuela, una de las principales entidades del país.
En un comunicado difundido ayer, la entidad bancaria presidida por Emilio Botín reconoció que tenía previsto vender el banco a un inversor privado venezolano, para lo que se alcanzaron "determinados compromisos" sin llegar a acordar la compraventa.
Fue entonces cuando el banco español conoció el interés del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de nacionalizar la filial del Santander en el país latinoamericano, que ha dado lugar a que en estos momentos haya "conversaciones" entre ambas partes.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró ayer "muy probable" que se alcance un acuerdo "en breve", al tiempo que aseguró que "no hay ni va a haber ningún tipo de intervención" por parte del Ejecutivo español.
En su opinión, se trata de una negociación "completamente respetuosa y normal, sin ningún tipo de problemática especial".
La gestión del Banco Santander durante este año en el país latinoamericano se enfoca en la "rentabilización" del balance y el incremento de los ingresos recurrentes, mediante una mayor vinculación de clientes y un estricto control de los riesgos.
Por su parte, el ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró que el presidente de Venezuela no informó durante su visita a España de su intención de nacionalizar el Banco de Venezuela, filial del Grupo Santander, una operación que no cree que finalmente se produzca.
Sebastián insistió ante los periodistas en que durante la visita de Hugo Chávez a España "no salió en ningún momento el tema del Banco Santander".
"Estuvimos hablando mucho de Repsol y, sobre todo, de un acuerdo muy importante que posibilitará que España tenga un suministro continuado y garantizado" de petróleo a coste cero, porque se financiará mediante exportaciones, agregó en este sentido.
Sobre el resultado de las negociaciones emprendidas entre el Ejecutivo venezolano y la entidad presidida por Emilio Botín, Sebastián opinó que no cree que "vaya a haber nacionalización" de la filial del Santander.
"Me consta que quiere seguir en Venezuela", agregó con respecto a la entidad antes de afirmar que éste es un país "muy atractivo" para las empresas españolas, que, además, "están muy contentas" de trabajar allí.
Destacó finalmente Sebastián durante su intervención ante los periodistas la fluidez del diálogo entre Venezuela y España, así como su plena convicción en que el Gobierno venezolano "cumplirá todos sus compromisos".
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer al Gobierno que se "preocupe de defender los intereses de las inversiones españolas en el exterior", en relación a la confirmación del Banco Santander de que mantiene actualmente conversaciones con el Gobierno de Chávez ante su interés por hacerse con su filial.
Sáenz de Santamaría abogó por que exista una "política internacional clara, así como un incremento de la seguridad jurídica de las inversiones en el exterior".
En este sentido, lo consideró "fundamental, no sólo por el cuidado de las inversiones de los españoles fuera, sino porque es un mecanismo de mejora del bienestar de los ciudadanos de esos países a través de las garantías de las inversiones de las empresas que van a invertir allí y generan riqueza y empleo".
Cambio de ley
Ayer se conoció que el Gobierno venezolano reformó la Ley General de Bancos un día antes de que expirara la facultad legislativa extraordinaria concedida por el Parlamento unicameral a Chávez.
La edición de la Gaceta Oficial de ayer dio cuenta de que la reforma se aprobó el jueves, el mismo día en que Chávez anunció la nacionalización del Banco de Ve-nezuela del Grupo Santander.
El texto, con rango, valor y fuerza de ley, reforma parcialmente la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras que organiza el sistema económico y financiero venezolano, pero no detalla en qué consisten tales cambios, que portavoces del periódico oficial dijeron que serán explicados la próxima semana.
El Gobierno gozó durante los últimos 18 meses de poderes legislativos excepcionales, que permitieron al presidente Chávez sancionar casi medio centenar de leyes, entre ellas las que nacionalizaron empresas de los sectores eléctrico, telefónico, siderúrgico y cementero.
La unicameral Asamblea Nacional (AN) de 167 miembros, todos oficialistas, otorgó al presidente venezolano estos poderes extraordinarios en febrero de 2007.
Pese a que está contemplada en la Constitución, los sectores de la oposición consideraron que tal facultad, denominada Ley Habilitante, supuso la "instauración de una dictadura" en Venezuela.
El uso de la Ley Habilitante ha permitido "profundizar la revolución bolivariana" y avanzar hacia "la construcción del socialismo", insistió la presidenta de la AN, Cilia Flores.
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