EFE, Las Palmas
El Gobierno canario intentará solucionar la situación de los hoteles irregulares de Lanzarote a través de la ley de medidas urgentes, afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, antes de una reunión en la que se criticó la ausencia de los representantes del Cabildo.
El consejero convocó a los alcaldes de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, donde se asientan la treintena de hoteles afectados, así como al consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, a los responsables de la Consejería de Turismo, a empresarios y sindicatos, así como a Manuela Armas, presidenta del Cabildo de Lanzarote, institución que promovió las denuncias por las irregularidades de estos complejos.
Berriel, que confió en que los hoteles no tengan que ser demolidos, aunque no descartó que en algún caso sea inevitable, subrayó que se ha generado una situación ante la cual el Gobierno no puede permanecer "impasible".
Normativa territorial
Asimismo, subrayó que hay una norma territorial clara y es que lo que se pueda legalizar se legalice y lo que no, se demuela, "y eso es así", pero antes de ello considera obligación del Gobierno buscar una alternativa que no deje a Lanzarote sin estas infraestructuras de "última generación" que generan miles de puestos de trabajo.
A su juicio no se trata de un mal ejemplo intentar legalizarlos porque se trata de "obligarlos a entrar" en la legalidad y las causas son variadas y en algunos casos remediables.
Además, no creyó que los empresarios inviertan millones de euros en construir una treintena de hoteles con "flagrante" incumplimiento de la legalidad, por lo que no descartó que algunos de los problemas se encuentren en la propia norma.
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