Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno propone el voto digital por internet para los españoles emigrantes

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer que existen dificultades técnicas para instalar urnas en las distintas sedes consulares de España en el exterior. Por otra parte, el Ejecutivo nombrará un embajador especial para negociar acuerdos de reciprocidad a fin de que los inmigrantes puedan votar.
EUROPA PRESS, Madrid
31/jul/08 6:57 AM
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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, propuso ayer el voto electrónico para que las personas incluidas en el Censo Electoral de Residentes-Ausentes que viven en el extranjero (CERA) puedan ejercer su derecho al voto utilizando las "las nuevas tecnologías como una buena herramienta de trabajo" puesto que, insistió, existen dificultades técnicas para instalar urnas en las distintas sedes consulares de España en el exterior.

De la Vega compareció ayer ante la Comisión Constitucional para abordar las posibles reformas de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). La modificación de esta normativa para que los residentes ausentes votasen en urna se materializó en una proposición de Ley Orgánica del Parlamento de Galicia el 14 de julio, en la que por unanimidad reclama al Gobierno central que habilite el voto en urna ante las próximas elecciones autonómicas.

Esta reforma se recoge como imperativo en el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior aprobado en la pasada legislatura, por lo que todos los grupos, a excepción del PSOE, coincidieron en la necesidad de acometerla a la mayor brevedad. De la Vega aseguró que está "dispuesta" a "que se vea esa proposición de ley antes si así lo acuerdan los grupos" en la subcomisión, pero calificó la iniciativa "de ley que piensa en las elecciones gallegas".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Vera, señaló que si para el 15 de septiembre no existe un texto sobre el que trabajar, la formación buscará consensuar su propia propuesta con el resto de grupos de la Cámara y la someterá a votación en el Pleno. "No quiero que el Gobierno ni el Grupo Socialista se queden solos en estas materias porque la Ley Electoral es cosa de todos", agregó Vera.

De la Vega contestó a los diputados que, siempre y cuando la subcomisión creada para el estudio de estas reformas acote todas las cláusulas y todos los aspectos que se derivan de las mismas, el Gobierno no tendrá inconveniente en promover la propuesta que de ella se emane a principios de septiembre. Para lograrlo, la subcomisión deberá trabajar en agosto mediante la solicitud de creación de una Diputación Permanente, lo cual aún no se ha decidido.

Los inmigrantes procedentes de países como Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, India, Argelia o Pakistán no podrán votar en España a menos que sus gobiernos nacionales emprendan las reformas legales pertinentes, mientras que los nacidos en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela podrían ser los primeros no comunitarios en votar en las locales, según dijo De la Vega.

Estos son los países con los que España tiene ratificados Tratados de Cooperación y Amistad que ya contemplan la extensión del derecho a voto en las locales y cuyas legislaciones no impiden a los españoles allí emigrados participar en el sistema electoral, condición que impone la Constitución para el voto de los inmigrantes.

Embajador especial

De la Vega anunció que el Gobierno nombrará a un embajador en misión especial para desarrollar los citados tratados de amistad garantizando la reciprocidad en el derecho a voto y firmar nuevos convenios con otros países cuya legislación los permite, como Bo-livia, Paraguay, Perú o Islandia. Según afirmó, el funcionario comenzará las negociaciones por aquellos Estados que "cuentan con mayor número de inmigrantes residentes en España".

Sin embargo, el Parlamento debe consensuar previamente qué "interpretación" jurídica se da a la imposición constitucional de reciprocidad, porque, tal y como explicó De la Vega, de la forma en que se entienda este término dependerá con qué países se puede establecer un tratado, ya que no todos los Estados democráticos tienen un sistema electoral estrictamente equiparable al español.

Según comentó, el Gobierno no tiene constancia de que haya alguna sentencia del Constitucional "que de forma directa haya precisado qué ha de entenderse por criterios de reciprocidad", por lo que el objetivo del Ejecutivo es "explorar y acordar las diversas propuestas" de los grupos políticos.

"Estamos dispuestos a trabajar por hallar fórmulas que permitan extender ese derecho de voto al mayor número posible de extranjeros con residencia permanente en España".