HE LEÍDO con horror la información publicada por un periódico de Las Palmas sobre una señora de 85 años llamada Vicenta Álvarez. Para quienes no estén al tanto del asunto, les resumo que esta persona viajaba por Extremadura cuando sufrió un ictus. Fue ingresada en un hospital de esa comunidad autónoma, donde la atendieron perfectamente durante quince días. Luego le dieron el alta hospitalaria, aunque no el alta médica. En lenguaje llano y comprensible, le dieron una patada donde la espalda pierde su casto nombre pese a que no estaba recuperada, ni en condiciones de volver a Canarias, porque la hospitalización es muy cara y los extremeños están primero. Tanto es así, que amenazaron a sus hijos con avisar a la policía si no la trasladaban a otro centro. Lo cual tuvieron que hacer al final, previo desembolso de 3.500 euros para que la admitieran en una clínica privada. El Servicio Extremeño de Salud ha echado mano de un real decreto, según el cual sólo los residentes o nacidos en Extremadura pueden optar a una cama concertada. Los veinte años del bellotakari al frente de la Junta de Extremadura han dado sus frutos. A la vista está. Al final será el Servicio Canario de Salud quien se ocupe del traslado de la enferma a Las Palmas.
Se preguntan los hijos de la afectada, Justo y Francisco Fernández, si una persona española puede recibir un trato así en una región española. Francisco ha denunciado lo ocurrido ante el Diputado del Común. Como recurso al pataleo está bien. Aunque vamos por partes.
No hace falta preguntarse si una española puede ser tratada así dentro de España. A la vista está que sí. ¿Y saben ustedes por qué, don Justo y don Francisco? Pues porque este es un país de mierda al que cada día sumimos más en la inmundicia del vernaculismo ignorante. Extremadura ha sufrido durante siglos el atraso bestial al que la ha sometido una clase dominante, cuyo modo de vida pasaba por residir en Madrid y dar una vuelta de vez en cuando por la finca para ejercer el derecho de pernada. Desde esta perspectiva, y no hay otra, resultaba imprescindible un movimiento regional capaz de remediar tan penosa situación. Llevar esa redención hasta el límite de expulsar de un hospital a una paciente que no se ha recuperado, por la simple circunstancia de que no es extremeña, supone caer en lo absolutamente miserable. Pero eso es lo que hay.
¿Moraleja? No viaje usted a Extremadura. Si a todas las personas no nacidas ni residentes en este Archipiélago de las que habitualmente debe hacerse cargo el Servicio Canario de Salud, les aplicásemos un criterio similar, a esta hora ya nos habrían sometido a juicio sumario en el Tribunal de la Haya por un delito de lesa humanidad. No creo, sin embargo, que exista un solo canario con sentimientos tan ruines para comportarse como lo han hecho las autoridades extremeñas. Autoridades a las que no culpo de lo que está pasando, porque ni son las peores en este estercolero -la insolidaridad del País Vasco y Cataluña es muchísimo mayor-, ni son las que afirman que España es un concepto discutido y discutible. Para eso está el iluminado de la Moncloa.
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