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El sector primario no se ha innovado ni diversificado, pese a las ayudas recibidas

EL DÍA, S/C de La Palma
17/jul/08 1:49 AM
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"La falta de innovación resta oportunidades, aumenta la fragilidad del sector agrario y puede reducir significativamente su capacidad de respuesta", señaló Irene Dupuis, consultora experta en políticas agrarias y medioambientales en su ponencia sobre "Las políticas de condicionalidad y de desarrollo rural" impartidas en el marco de la IX edición de los cursos de verano de la Universidad Ambiental de La Palma (UNAP).

Dupuis, considerada una de las mejores especialistas de nuestro país, explicó que a pesar de los diferentes fondos de ayuda de los que ha disfrutado el sector primario en el Archipiélago en los últimos años, "predomina en el sector una política continuista en la que no se apuesta activamente por la innovación y la diversificación de los cultivos y las explotaciones, de forma que, en escasas ocasiones, logramos cambiar las dinámicas en curso y, por extensión, la realidad del sector".

En este sentido, expuso que es necesario trabajar activamente para desarrollar medidas orientadas a resolver los problemas concretos a los que se enfrenta el sector primario a diario como son los de la alimentación animal, los residuos, los costes de producción, la dependencia de los insumos exteriores o la seguridad jurídica, entre otros.

Dupuis también hizo hincapié en el hecho de que no se ha cuestionado la pertinencia de proseguir ciertas políticas en las que los costes de gestión son, en ocasiones, más elevados que el total de la ayuda otorgada, tal y como ocurre con la papa o la antigua Indemnización Compensatoria de Montañas (ICM), por ejemplo.

No obstante, destacó que los fondos estructurales han permitido la modernización de las explotaciones, una cierta organización de los subsectores, la reorientación de las producciones y la valorización de los productos locales y un aumento significativo de la calidad, entre las múltiples dinámicas que se han observado desde 1986.

Irene Dupuis analizó el concepto de condicionalidad, una política de reciente aplicación a la que atribuyó "innumerables ventajas en cuanto a la protección del medio ambiente y sus recursos, o en cuanto a salud pública y animal", así como grandes inconvenientes, motivados "por la falta de información que tienen los agricultores y ganaderos, cuyos intereses le-siona de forma directa".

Dupuis hizo alusión a la directiva de nitratos recogida en la condicionalidad y orientada a prevenir y reducir la contaminación causada por los mismos en el ámbito agrario. En Canarias, la directiva establece un mapa geográfico de zonas vulnerables que comprende las áreas situadas entre el litoral y los 300 metros de altitud, que en el caso de La Palma afectan a los municipios de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, así como al Valle de La Orotava (Tenerife), La Aldea, Guía, Galdar, Telde y Firgas (Gran Canaria) o San Sebastián (La Gomera), entre otros. Áreas donde el nivel de nitratos en las aguas supera los 50 mg/litro.

Por su parte, el programa de actuación de obligado cumplimiento determina que las aplicaciones máximas de abonos nitrogenados por cultivo se fija en un máximo de 170 kg de nitrógeno por hectárea. El incumplimiento puede ser motivo de multas que alcanzan el 20% de la ayuda a percibir por el agricultor o ganadero.