EL DÍA, S/C de Tenerife
Casi 8 de cada diez sentencias dictadas por los juzgados especializados en violencia de género terminan con la condena del agresor y, en un alto porcentaje, en cárcel. Así se desprende de la evaluación que ha hecho el recién creado Ministerio de Igualdad de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, donde se recoge además que, desde su entrada en vigor, las muertes por violencia machista han descendido en un 8,7 por ciento.
Las diputadas socialistas Paquita Luengo y Eulalia Guerra valoraron en rueda de prensa favorablemente la puesta en marcha de esta ley por parte del Estado, no así la aplicación que de ella ha hecho el Gobierno de Canarias, destacando que la principal ventaja que ha supuesto ha sido "sacar a la luz" una realidad que estaba oculta.
La entrada en vigor de esta norma ha supuesto, a su juicio, que hayan más denuncias, más órdenes de protección, más asistencia social y más conciencia ciudadana. El aumento de las unidades judiciales especializadas ha facilitado que crezca también el número de resoluciones judiciales que antes de la Ley podían tardar hasta dos años en llegar y que ahora se dictan prácticamente al día siguiente de la denuncia, según las diputadas socialistas.
En el conjunto del Estado, el número de sentencias condenatorias fue de 64.346, o lo que es lo mismo, un 71,9% de las sentencias dictadas. En Canarias, ese porcentaje se eleva al 78%. ¿Significa eso que el 22% restante son denuncias falsas? Según Eulalia Guerra, la picaresca en este caso está en el mismo nivel que en otro tipo de denuncias.
En concreto, considera que la razón de estas sentencias absolutorias se producen porque hay dificultades en las pruebas, que las agresiones se producen sin testigos, que los testigos son menores y no tienen condiciones para declarar o que la mujer retira la denuncia.
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