Zapatero pide al Constitucional que anule la ley de consultas de Ibarretxe

COLPISA, Madrid

Nada más comprobar que el Boletín Oficial del País Vasco había publicado la ley de consultas aprobada el 27 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó a la Abogacía del Estado recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC). La impugnación se fundamenta en tres apartados: el lehendakari se arroga la competencia exclusiva del Estado para autorizar consultas populares, la ley trocea la soberanía nacional y su tramitación vulneró el reglamento del Parlamento vasco. El Gobierno no alberga la menor duda de que el TC admitirá a trámite su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional.

El escrito sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación "de las distintas modalidades de referendo" y, además, pretende "marginar" al Estado de "una competencia exclusiva" suya, como es "la autorización de una consulta popular". Considera que "la consulta regulada por la ley impugnada es, con toda claridad, un referendo consultivo", una apreciación dirigida a desmontar uno de los ejes argumentales de Ibarretxe, quien reitera que su convocatoria es para realizar una consulta popular no vinculante, y en ningún caso un referendo.

Lectura única

Los servicios jurídicos defienden que los "referendos consultivos autonómicos no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice" y por ello la consulta en los términos que está planteada "no está sujeta" a la preceptiva autorización del Estado con lo que "vulnera claramente" las disposiciones constitucionales y legales vigentes. El recurso recuerda también que el propio Estatuto de Gernika recoge que el Gobierno vasco "podrá ser facultado por delegación expresa del Estado" para convocar referendos sólo de reformas estatutarias.

La segunda pregunta planteada por Ibarretxe, la referida al ejercicio del derecho a decidir, viola los artículos 1 y 2 de la Carta Magna, que atribuye la soberanía nacional "al pueblo español, y no a una parte del mismo". El interrogante, por otra parte, "atenta a la unidad de la nación española" que, según el texto, es "indisoluble".

El tercer pilar del recurso descansa sobre la vulneración del reglamento del Parlamento vasco al tramitar la ley por el procedimiento de lectura única ya que ese trámite para una norma de ese tipo "supone una restricción radical de los derechos de examen, debate y enmienda de los parlamentarios" y es un fórmula legislativa "absolutamente excepcional", que en este caso se ha aplicado de forma "indebida e inadecuada".

El recurso del Gobierno huye, a diferencia del presentado por el PP, de las apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica. La Abogacía del Estado, como es lógico, solicita que el TC estime la impugnación y declare, por tanto, "inconstitucional y nula" la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. De momento, el TC tendrá que decidir si lo admite a trámite y si lo acepta la ley quedará suspendida desde ese momento y durante cinco meses.

El Gobierno no alberga la menor duda de que ése va a ser el recorrido. El ministro del Interior dijo tener "la convicción" de que así será porque, a su juicio, no admite discusión que Ibarretxe "no está autorizado" para convocar consultas por su cuenta. "Los gobernantes -resaltó- no pueden hacer nada para lo que no están autorizados, es la esencia de la democracia". De la Vega indicó que "los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros" porque no habrá consulta ya que "nadie va a vulnerar" los límites del Estado de Derecho.

Por otra parte, cincuenta diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas vasca con el mismo objetivo que el del Gobierno, que no es otro que anular la norma, aunque el de los populares recoge algunos aspectos particulares. Los populares se adhieren a la impugnación del Gobierno y piden al tribunal que acumule ambos en el mismo procedimiento para agilizar así su tramitación. "Son dos visiones complementarias que no idénticas, además de coincidentes", explicó el secretario de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, para justificar la iniciativa de su grupo.

Como el del Ejecutivo, el recurso del PP basa sus argumentos en el dictamen del Consejo de Estado para plantear la inconstitucionalidad de la norma, pero añade una justificación que apunta al papel que la ley concede a ETA. Según el PP, la ley conculca la soberanía del pueblo español al pretender que el vasco se pronuncie sobre su autodeterminación ignorando al resto del Estado.