Los promotores piden ayuda contra el "efecto Martinsa"

EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, dijo ayer que pedirá una reunión al Gobierno y a las entidades financieras para buscar soluciones ante la crisis inmobiliaria que ha obligado a Martinsa-Fadesa a instar un concurso de acreedores voluntario, mientras que el G-14, grupo que aúna a las principales inmobiliarias, reiteró su petición de que el Ejecutivo "atenúe" el problema de liquidez del sector. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno trabaja para "mitigar" las consecuencias de la suspensión de pagos y atender a los trabajadores de Martinsa-Fadesa.

Chicote manifestó su "pesar" ante la situación de la empresa porque se trata de "una de las compañías más importantes del país". Explicó que este episodio no es algo puntual, sino "un problema que subyace, porque no se venden pisos". Para Chicote, a partir de agosto del año pasado "ya nada fue igual", porque la banca se quedó sin recursos, perdió la liquidez y encareció los costes", algo en lo que ha influido "la falta de ventas".

El presidente de los promotores pronosticó que el paro en septiembre será "galopante", e indicó que "cuando una empresa no va bien siempre hay que preocuparse por las connotaciones sociales, por las pérdidas de empleo". Martinsa-Fadesa presentó ayer ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 empleados, la cuarta parte (el 26,5%) de la plantilla de 880 trabajadores con que actualmente cuenta la empresa.

La inmobiliaria trabajaba en este ajuste desde hace meses, pero finalmente su concreción coincidió con la presentación de un concurso voluntario de acreedores. Esta suspensión se acordó el lunes, después de que la empresa constatara sus "graves" dificultades de liquidez ante la imposibilidad de obtener un crédito de 150 millones de euros. La inmobiliaria necesitaba este préstamo para cumplir las condiciones del contrato de refinanciación suscrito en mayo. Soporta actualmente una deuda de unos 5.100 millones, pero asegura contar con un patrimonio inmobiliario de 10.800 millones.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que el Ejecutivo "está estudiando las vías para tratar de mitigar la suspensión de esa empresa", al tiempo que indicó que, "en cualquier caso", trabajará "para atender a los trabajadores en el marco de los ERE que puedan plantearse". No obstante, el líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dijo que entre las funciones del Estado no está solucionar los problemas que pueda tener "cualquier empresa", y que la actuación del Gobierno "genera mucha desconfianza".

Asimismo, el G-14, del que es presidente Fernando Martín, también titular de Martinsa-Fadesa, subrayó que el sector inmobiliario ha hecho partícipe a toda la economía de la "larga etapa de fuerte actividad" y recordó que el sector ha sido el principal contribuyente a las arcas públicas. Martín puso su cargo en el grupo a disposición del "lobby" de promotores.