Soria confía en que el superávit fiscal no afecte a la financiación autonómica

O.G./ E. PRESS, Tenerife

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, confió ayer en que la publicación de las balanzas fiscales, que demuestran que el Archipiélago ha acumulado un superávit fiscal de un 6,38% de su Producto Interior Bruto (PIB), no sea una "herramienta" en la negociación de la financiación autonómica en la que están inmersos los Ejecutivos central y autónomo.

En este sentido, avanzó que por las conversaciones que ha tenido con el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, "no parece que esa sea su intención", puesto que, en ese caso, perjudicaría a Canarias por el flujo recaudatorio y porque le genera al Estado más gastos que beneficios.

En una rueda de prensa que ofreció ayer al término del Consejo de Gobierno junto a la titular de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, y la portavoz del Ejecutivo autónomo, Carolina Déniz, el vicepresidente regional remarcó que "debe seguir siendo" el criterio de la solidaridad el que domine la distribución de los recursos.

A preguntas de los periodistas, Soria reconoció que el resultado de las balanzas fiscales relacionados con la Comunidad Autónoma de Canarias no es "sorprendente", y consideró "positivo" que el Gobierno central publique "por primera vez" estos datos.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Blas Trujillo, aseguró que el uso de las balanzas fiscales como mecanismo para establecer el reparto de la financiación autonómica "enredaría" el sistema y constituiría un "disparate".

Trujillo indicó al respecto que "las balanzas fiscales como ejercicio teórico económico están muy bien", pero remarcó que "existe una intencionalidad de querer colocarlas como elemento sobre el que gravite la discusión del sistema de financiación". En este sentido sentenció que " eso no va a ser así". "Está bien para saber el esfuerzo que se hace, pero la financiación debe tener en cuenta las competencias transferidas y los mecanismos de solidaridad interterritorial, ya que quienes tributan son los individuos y las empresas, y no los territorios", argumentó.

Superávit

El superávit fiscal de Canarias se sitúa entre el 1,6% y 6,38% de su PIB, según las seis balanzas fiscales con datos de 2005 elaboradas por el Ministerio de Economía y Hacienda a través de las dos metodologías acordadas. Se convierte así en una de las ocho comunidades autónomas que recibe más de lo que aporta al sistema público, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según los datos oficiales difundidos ayer por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, de las comunidades que reflejan superávit, Canarias está entre la segunda y la tercera con menor cifra desde el enfoque del "flujo monetario", que atribuye el gasto público a la región en que efectivamente se desarrolla, con entre un 1,6% y un 2,05% más en el reparto del Impuesto de Sociedades, dependiendo de los dos criterios distintos que se han aplicado.

En cambio, desde la perspectiva del "flujo del beneficio", que asigna el gasto a la región donde reside el beneficiario, el superávit fiscal canario en el año 2005 se situó en el 6,38% del PIB. Desde esta perspectiva, Canarias es la sexta comunidad que más recibe. Pese a las distintas metodologías, en las seis balanzas las comunidades con mayor renta per cápita son las que tienen déficit fiscal y aquellas con menor renta per cápita son las que menos aportan al Estado. Así, un total de cinco arrojan déficit en las seis balanzas publicadas por el ministerio. Entre ellas están Cataluña, Madrid, Navarra, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Por el contrario, entre las comunidades con superávit destaca Extremadura y Asturias, seguidas de Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Cantabria.

Sobre este aspecto, Carlos Ocaña insistió en que estas balanzas responden a un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno y "en ningún caso" podrán utilizarse para la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.