CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El Gobierno de Canarias busca una fórmula legal para que los municipios, en vez de las corporaciones insulares, asignen el suelo industrial en las Islas.
La oposición "no descarta" apoyar el traslado de esta competencia a los municipios, que como explica la diputada socialista, Gloria Gutiérrez, ahora gestionan los cabildos a través de los planes insulares de ordenación urbana y que los municipios tendrán que respetar si finalmente reciben esta atribución.
Pero el traspaso de esta función plantearía una dificultad técnica para su materialización, que la Administración encargó estudiar a los servicios jurídicos para decidir si resulta viable.
El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo isleño, Jorge Rodríguez, avanza que la propuesta es la "más relevante" de las que el Gobierno autonómico quiere incluir dentro del paquete de medidas urgentes que trasladará para su debate, previsiblemente, el 28 de este mes al Parlamento canario.
Para Rodríguez, Canarias está "mejor" de lo que se encontraba hace un año en materia industrial, entre otros motivos, por esta iniciativa, por la que los ayuntamientos podrán incluir zonas industriales de ámbito municipal.
El Ejecutivo isleño confía en que la medida permitirá ahorrar "un montón de trámites" al darle así a los ayuntamientos una herramienta "potente" para resolver la escasez del suelo industrial para las pequeñas instalaciones.
El consejero explica que, en Canarias, hay unos 34 millones de metros cuadrados de suelo calificado para uso industrial, de los que ya están desarrollados el 45%.
La futura ley promoverá que si un suelo ya previsto para el uso industrial no llega a materializarse en un plazo de cuatro años, se pueda descalificar para calificar otro ubicado en otro sitio.
Además, y de forma alternativa, el Gobierno canario quiere que la norma contemple también la posibilidad de expropiar el suelo industrial a los propietarios que no hayan promovido su programación como suelo urbano.
Rodríguez recuerda que "primero ocurre la calificación del suelo, y luego el planeamiento, en ese orden".
La intención del Ejecutivo es que estos cambios entren en vigor "lo antes posible", aunque advierte de que la norma debe pasar necesariamente por el Parlamento para su aprobación.
Rodríguez también señala que en la estrategia de desarrollo industrial, que el Gobierno elabora con las aportaciones del sector, uno de los temas "más importantes" es conseguir el abaratamiento del suelo industrial.
Por ese motivo, la Administración autonómica quiere lanzar un programa "parecido al de zonas comerciales abiertas" para ayudar a los ayuntamientos y a los cabildos a urbanizar las zonas industriales.
Por un lado, el Ejecutivo canario busca desbloquear el planeamiento urbano al promover esa ley, pero al mismo tiempo estudia otorgar ayudas financieras para el desarrollo de las zonas industriales ya programadas.
Las ayudas estarán sometidas a "ciertas condiciones" referidas a la eventual venta y alquileres de las parcelas industriales, porque el Gobierno isleño busca evitar "que se fomente la especulación de suelo". Por ese motivo, y entre otros aspectos, las ayudas estarán sometidas a la condición de que en ese suelo se edifique, de forma efectiva, una industria.
El consejero explica que en Canarias coinciden la falta de planificación de las administraciones locales con la especulación por parte de los propietarios del suelo industrial. "Buscamos por la vía legislativa que los ayuntamientos sean más ágiles en la planificación y daremos ayudas para la puesta en el mercado de suelo de ese tipo que evite la especulación", insiste.
"El que quiera especular, es libre de hacerlo, pero no con dinero público", puntualiza Rodríguez.
El Gobierno autonómico estudia que la adjudicación del suelo industrial se efectúe mediante un sistema de concesión o licencia por un periodo de 50 años, o a través de una fórmula de alquiler a largo plazo. "En definitiva, por cualquier mecanismo que impida la especulación y que garantice que se construirá allí", aclara el consejero.
En la actualidad, el suelo industrial de las Islas es 2,5 veces más caro que la media española, "que es mucho", reconoce Rodríguez.
El objetivo de estas medidas es reducir "entre un 30% y un 50% el precio del suelo en este tipo de polígonos, porque de lo contrario, no hacemos nada", apunta el consejero. Luego, y en función de "cómo vayan respondiendo los ayuntamientos con su planificación y desarrollo del suelo urbano, buscaremos otros objetivos".
"Pero hay que ser realistas", matiza Rodríguez. "El precio del suelo en Canarias siempre será más caro que en el resto del Estado porque tenemos una población importante en un territorio pequeño y, además, el 40% del suelo está protegido". Por eso, advierte, "es y seguirá siendo caro", así que la meta del Gobierno es que "no lo sea tanto y que exista suelo a disposición", ya que "en muchos casos, el problema es que no lo hay a ningún precio".
El Ejecutivo quiere asegurar una reserva de suelo industrial para los proyectos "emblemáticos" que impulsarán la economía.
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