R. BARRETO, Pto. de la Cruz
El Refugio Internacional de Animales del Puerto de la Cruz tiene sus días contados después de casi 32 años de historia, si se aplica el acuerdo de desahucio adoptado por unanimidad del pleno de la Corporación portuense. La salida precipitada del recinto actual supondrá un perjuicio económico de 35.000 euros para la entidad que lo sostiene, que advierte de la lejanía de los albergues existentes. Por ello, considera urgente establecer un marco de colaboración con las instituciones mediante convenios, especialmente con el consistorio.
La corporación declaró extinguida la situación precaria de ocupación del Refugio Internacional de Animales en el solar municipal de Punta Brava y requiere a la entidad rectora que, en el plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del acuerdo plenario del pasado mes de junio, para que proceda al desalojo del dominio público.
El Pleno ordinario del ayuntamiento acordó el 31 de enero de 1977 acceder a la solicitud presentada por Penélope Elizabeth Chandler, en nombre de la Asociación Protectora de Animales y Plantas, para crear una perrera. Sin embargo, el marco del convenio de colaboración suscrito entre el ayuntamiento y el Cabildo para la ejecución de la obra de la variante urbana a la carretera insular TF-1323 hace necesario disponer de los terrenos que ocupa la perrera. En el informe se especifica que la parcela donde se ubica el citado refugio se encuentra clasificada en el inventario municipal como bien de dominio público, terrenos que fueron expropiados para la construcción de la estación depuradora y calificados urbanísticamente como zona especial, verde de protección y viaria; afectados, además, por la servidumbre de la zona marítimo terrestre.
En el expediente figura un informe de 13 de junio de 2006 del agente sanitario municipal, según el cual la actual ocupante de la perrera es la Asociación Refugio Internacional para Animales de Punta Brava, sin que "conste en el ayuntamiento autorización para la cesión a la misma. La administración argumenta que la Asociación Protectora de Animales y Plantas no está inscrita en el registro municipal de asociaciones, por haber cesado su actividad".
La asociación, que preside Inger Rogn Jacobsen cuenta en la actualidad con 60 socios nacionales y extranjeros y depende, en gran medida, de recursos propios procedentes de las cuotas, captaciones de fondos y donaciones. Cada integrante de la sociedad aporta 30 euros al año, una cantidad insuficiente para el sostenimiento del albergue que atiende a 55 perros. No obstante, según explica su responsable, se registran donativos cada mes de particulares y entidades, pero se cuenta con la colaboración especial de la Fundación Saga Roos y de Loro Parque.
Jacobsen explica que la mayoría de los perros acogidos en el centro habían sido abandonados por sus anteriores dueños, pero se da el caso de que "recibimos canes pertenecientes a personas mayores que por circunstancias no pueden atenderlos en sus casas. A veces nos encontramos perros atados fuera del refugio por la noche o deambulando por la ciudad. La mitad de los perros que ingresan en el refugio proceden del Puerto de la Cruz, mientras que el resto se reparte entre los municipios del Valle de La Orotava".
Cuando un perro llega al refugio se le somete a un examen veterinario, y se adoptan todas las medidas de higiene. "Lo desparasitamos, bañamos y vacunamos y cuando, por alguna causa tiene problemas de salud lo llevamos al facultativo. Cuando se cumplen todos los requisitos sanitarios lo damos en adopción a un nuevo dueño, que, por cierto, tiene que abonar una cuota", agrega.
El pasado año fueron adoptados 160 perros. No obstante, hay un equilibrio entre las entradas y salidas. Siempre hay algunos que se quedan. Jacobsen ha mostrado su preocupación por las repercusiones de un desalojo precipitado de las instalaciones sin encontrar un alojamiento alternativo. Las negociaciones con el ayuntamiento no han prosperado y la sociedad se enfrenta a un desahucio de la perrera porque se encuentra situada en suelo municipal, que ha sido reclamado por el ayuntamiento. Como solución, según explica, la Administración local portuense había ofrecido un emplazamiento provisional en Güímar, pero se considera muy alejado.
Apunta que "nosotros prevemos adquirir una finca en San Juan de la Rambla para el nuevo refugio, con la ayuda de la fundación Saga Roos. El proyecto se publicará en el BOC, y aguardamos el dictamen sobre el estudio de impacto medioambiental de la Consejería de Política Territorial, que nos ha costado mucho dinero. Una vez que tengamos la calificación podremos acometer las obras, la fundación nos aportará los fondos para la compra del suelo, valorado en 216.000 euros. El Loro Parque nos ayudará con 100.000 euros para la construcción del albergue. Si bien aún no disponemos del terreno, si contamos con el compromiso de venta del propietario".
El Refugio Internacional de Animales recurrió, en su momento, una anterior orden de desalojo dictada en el mandato precedente, y hace unos meses presentó alegaciones contra una resolución similar de la actual alcaldesa. Ahora afronta un acuerdo unánime del consistorio que exige el desmantelamiento del albergue, que también será recurrido. De momento, no han recibido comunicación oficial de la orden de desalojo.
Jacobsen destaca los esfuerzos efectuados ante las diferentes administraciones públicas y alude a las conversaciones mantenidas con el Cabildo de Tenerife para articular una calificación territorial que permita el emplazamiento de una perrera en el Norte.
En circunstancias normales el refugio alberga a 100 perros aproximadamente, aunque sólo tiene capacidad para 75. En cada jaula habitan, como máximo, dos perros, en un espacio de cuatro metros cuadrados. Cada mes se esterilizan cinco perras de promedio. Sólo se practica la eutanasia a aquellos canes con enfermedades irreversibles o por agresividad excesiva.
Cada perro sale, "con suerte" una vez cada dos semanas, algunos, quizás, sólo una vez al mes. Jacobsen pone el dedo en la llaga al referirse a estos animales: "Los perros que son recogidos en el refugio llegan en unas condiciones pésimas, lo que implica un enorme gasto en veterinarios. Hemos encontrado perros en cubos de basura, en montes, en barrancos, atados durante toda su vida, desnutridos, quemados, atropellados o maltratados".
Una propiedad privada
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Eva Navarro (PP), explica que los perros acogidos en el Refugio Internacional de Animales (en la foto) pertenecen a una entidad privada, y destacó las iniciativas emprendidas para alcanzar un acuerdo con los responsables de la asociación, sin resultados satisfactorios. "Nosotros no tenemos potestad sobre los perros -añade- y son ellos quienes tienen que buscar una solución. No obstante, en el caso de que no pudieran, sí nos encargaríamos de buscar una atención para los animales". Navarro deja claro que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el Refugio Internacional de Animales, aunque sí presta un servicio de recogida de animales, en cooperación con perreras comarcales.
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