La escuela concertada y su discriminación

En la fase, que en algún momento se ha calificado de "segunda transición", en que estamos, ya apuntamos al tema de la educación, de la escuela y de la libertad de enseñanza, y de las lenguas. En la primera fila. Ha sido el instrumento más dañino y usado por los socialistas, sin convincentes respuestas de los populares, pese a constituir uno de los signos y termómetros de una democracia. Se advirtió ya en el desarrollo de la Constitución. Con una interpretación restrictiva del artículo 27 de la misma, que en realidad era la plasmación teórica del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el marco de Naciones Unidas. Y desenfocada por la cuestión "nacionalista", por el desbordamiento estatutario, especialmente a partir del Estatuto de Cataluña, y las situaciones de hecho vasca, gallega y balear.

Con una inexistente Inspección General del Estado, cada comunidad autónoma ha reforzado lo que eran competencias u ordenamientos exclusivos del Estado, susceptibles de delegación. Así lo hemos venido confirmando en toda la campaña electoral, en donde los grandes temas educativos no tuvieron el reflejo, por ambas partes, que un buen debate merecería. Se ha ido poco a poco erosionando ese magno espectro de la escuela, con verdaderos reinos de taifas, sin darnos cuenta de que el futuro de nuestros hijos y nietos puede estar hipotecado, salvo en contadas excepciones, tanto por el aprendizaje forzoso de la lengua no española, como por el nivel y competencia de los estudios, en atención al niño y a la opinión de los padres, sobre su futuro, que son los que dan la vida a los hijos.

Nuevos asaltos asoman: la fantasmagórica Educación para la Ciudadanía, con sus efectos colaterales en las "hojas de ruta" laicistas. O el hecho sintomático de las restricciones religiosas en las academias militares -en la formación, en los actos-, que tenderán a ser sustituidas por clases de Alianza de las Civilizaciones.

El último, por ahora, asalto concreto, ha estado por la vía judicial, allí donde ha sido posible. Como la glosa a una respuesta del Tribunal Supremo, en un sentencia, contradiciendo otra anterior, referente a la limitación de subvenciones, en Castilla-La Mancha, para la escuela concertada, como si ésta, rompiendo su modelo e identidad educativos, no tuviera el signo de coeducación (en dos obras nuestras, ya añejas, "La reforma educativa", 1973, y "La educación como empresa social", 1974, tenemos expuesto, incluso con arreglo a la Ley Villar Palasí, de 1970, la naturaleza y sentido de la escuela concertada). También en aquellos años, los expertos económicos -recuerdo algunos como Díez Hochleitner, Saralegui y otros- ya trataron de acercar la escuela concertada a la pública, por recibir fondos públicos. Cuando, entonces, las "subvenciones" o "ayudas" se concedieron como fórmulas de estímulo para la reestructuración del sector. Como ocurre en otras situaciones especiales, económicas o sociales, imperó el criterio de que la cuantía del concierto no puede invadir la "naturaleza" del centro, ni su ideario. Ni menos el sentido de obligatoriedad de una coeducación.

Esta ha podido venir, incluso en colegios clásicos y religiosos (escolapios, jesuitas, salesianos, etc.), por las exigencias de la "ratio", o número de alumnos por aula, ante el descenso de la natalidad en España. Pero se estaba lejos de imponer para la concertación que el centro escolar estuviese necesariamente abierto a la coeducación. Afecta esencialmente a la libertad del centro y de la opción de los padres (incluso se ha querido, periodísticamente, usar la opción de los Príncipes de España, don Felipe y doña Leticia, de que su hija mayor estudie en el colegio de Santa María de los Rosales, cosa que ya hicieron los padres del primero. Centro, por cierto, en donde la religión está bien considerada).

La pena es ver que se va consumando el reino de taifas escolar. Y con un mimetismo solapado se va destejiendo una educación mejor, de calidad y en libertad. Frente al derecho de los padres, establecido en la Constitución. Pero no quedará más remedio que remontar esa última sentencia, hasta donde sea posible, en el Tribunal Constitucional -en el Tribunal de Estrasburgo ya ha habido casos-, aunque nos pongan a la educación en la campo de la judicialización, cosa que no es nada bueno.

* Jurista. Académico