EN LOS DIFERENTES PROCESOS refrendarios que han generado el Tratado para una Constitución europea y el Tratado de Lisboa sobre el funcionamiento de la Unión Europea se han formado coaliciones antieuropeas, en principio improbables, como la de los grupos de extrema derecha, soberanistas y xenófobos con los grupos de extrema izquierda que acusan a la Unión Europea de ser un simple instrumento del capitalismo globalizador.
Esta diversidad de detractores hace difícil oponer a los antieuropeístas un programa coherente de medidas que sean aceptables para todos. Así, frente a los soberanistas xenófobos, se está formulando una política común en materia de inmigración dirigida a regular este fenómeno dentro de la Unión, controlar el ingreso en ella de ciudadanos no comunitarios y facilitar su integración en las sociedades de acogida. Frente a los que objetan al carácter mercantilista de la Unión, se propone ahora una Europa "social" que concilie el desarrollo económico con el progreso social y la lucha contra la discriminación.
La Unión Europea tiene, sin embargo, graves problemas de comunicación. Cualquier intento armonizador acaba tropezando con sensibilidades nacionales o sectoriales que atribuyen a las instituciones europeas la pretensión de ir demasiado lejos o de quedarse demasiado cortas en la consecución de los objetivos deseables o de los medios utilizados para su consecución.
Este ha sido el caso de la Directiva sobre retorno de inmigrantes. Se trata de una norma que establece garantías jurídicas en favor de los inmigrantes en países de la Unión que no las tenían. La Directiva es interpretada por determinados sectores de opinión como limitativa de derechos. Los plazos máximos y las restricciones que se imponen a los gobiernos en favor de los inmigrantes son entendidos como plazos mínimos y condiciones limitativas de los derechos de éstos, a pesar de que la Directiva se propone lo contrario, es decir, garantizar a los inmigrantes unas condiciones mínimas que hoy no existen.
Peor suerte está teniendo la propuesta de Directiva sobre tramitación del tiempo de trabajo. El Parlamento Europeo había propuesto un tiempo máximo de cuarenta y ocho horas semanales. Se ha encontrado con la resistencia de varios países, entre ellos Alemania y Reino Unido, que temen que unos horarios laborales estrictos limiten su capacidad de actuación para regular determinadas profesiones en el sector de los servicios que requieren largas jornadas laborales continuas. En especial, el gobierno alemán fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a computar como tiempo de trabajo las horas de guardia del personal sanitario. La llegada al poder en Francia e Italia, respectivamente, de los gobiernos de Nicolás Sarkozy y de Silvio Berlusconi, que pretenden recortar los beneficios sociales en aras de un mayor desarrollo económico, ha inclinado definitivamente la balanza, en el seno del Consejo, en favor de los gobiernos que proponen un horario máximo de trabajo de hasta 60 ó 65 horas semanales.
España, con Bélgica, Portugal y otros países partidarios de fijar el tiempo de trabajo semanal en un máximo de 48 horas, se encuentran en franca minoría en el seno del Consejo y no pueden bloquear sus decisiones. Le va a corresponder al Parlamento defender el sentido original de la propuesta de Directiva, ya que un máximo de 60-65 horas semanales no es creíble como medida de carácter social y sería rechazado por la opinión pública europea. Conviene aclarar que la aprobación de la Directiva en esos términos no supondría necesariamente el aumento en España de la jornada laboral, pero sí permitiría que en el seno de la Unión Europea algunos Estados pudieran ejercer un cierto "dumping" social con la fijación por lo alto del tiempo de trabajo de sus trabajadores.
La lucha por una Europa social no queda limitada, sin embargo, a la propuesta de Directiva sobre el tiempo de trabajo. Conviene señalar otras tres propuestas de directiva en este ámbito: la relativa a los comités de empresa, dirigida a controlar las decisiones de reestructuración en el ámbito laboral, la relativa a la discriminación y la que se refiere a los cuidados sanitarios, que se propone facilitar la atención de los no residentes.
Finalmente, desde el Parlamento se propone una modificación de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores para poner coto a la jurisprudencia del tribunal europeo en el caso Laval, que da base jurídica al "dumping" social desde los nuevos Estados de la Unión con salarios y condiciones laborales menos favorables de las que existen en el resto de la Unión.
Estamos, en definitiva, en los inicios de una nueva política europea en materia social. Parlamento, Consejo y Comisión deberán trabajar conjuntamente para el desarrollo de esa política. Al hacerlo, las tres instituciones deberán escuchar, sobre todo, la voz de los ciudadanos y de las organizaciones sociales representativas, como sindicatos, patronales y organizaciones no gubernamentales y evitar gestos gratuitos, mal comprendidos por el público, como el de la fijación del tiempo de trabajo semanal en 60 ó 65 horas.
* Diputado al Parlamento Europeo, PSOE
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