Esa extraña afición a la muerte

EL CONSEJO de Ministros del viernes aprobó un curioso Real Decreto, cuyo texto habrá que examinar detenidamente cuando se publique, por el que se pretende reforzar la confidencialidad de los datos de las mujeres que se someten a un aborto provocado, y también que la actividad de los profesionales que practican abortos "no sea puesta en entredicho, siempre y cuando esté dentro de los límites establecidos en la Ley". En la ampliación oficial de la referencia del Consejo de Ministros no se habla de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo, como ya es usual, porque de esta manera se hace invisible la existencia de la principal víctima del aborto, que es el hijo a quien se da muerte sin permitirle nacer. Pero los eufemismos no suprimen la realidad, sino que sólo la enmascaran; y la realidad es que no habría aborto si no se eliminase al hijo que, sólo con alimentación y paso del tiempo, nacería con toda seguridad.

Menciono esta obviedad porque si los profesionales sanitarios son puestos en entredicho no es sólo porque no cumplan la ley, que la incumplen muchísimas veces, sino porque se dedican a matar a los seres más inocentes y más indefensos en el vientre de sus madres. Esta actividad puede ser legal (en España no lo es, y sólo no se castiga penalmente en determinados supuestos, como se sabe), pero la historia humana está repleta de leyes injustas, y cuesta cierto trabajo pensar que con un real Decreto se pueda impedir que esos carniceros queden en entredicho para los ciudadanos que no se olvidan de lo que es, en realidad, un aborto provocado. De ahí la curiosidad sobre los términos de este Decreto, que se supone que no tratará de amordazar a los ciudadanos libres que no estén de acuerdo con la legislación actual en materia de aborto.

Este Gobierno manifiesta una extraña afición a la muerte de seres humanos, pues junto a este acuerdo del Gobierno del viernes pasado, está impulsando una campaña a favor de la aceptación social de la eutanasia, que, como no podía ser de otro modo, se disfraza bajo la denominación de "muerte digna". Éste es un asunto tremendo, porque apenas hay diferencia en la apariencia de lo que sería una actuación médica responsable y humanitaria, o lo que constituiría un homicidio por una mala entendida compasión que deforma el valor de la vida humana hasta el extremo de pensar que a alguien se le puede hacer un favor matándolo: en efecto, este modo de pensar conduce a atribuir más valor a la calidad de la vida que a la vida misma, y eso es la puerta que se abre para pretender justificar desde las prácticas eugenésicas y racistas nazis hasta las políticas de exterminio de niñas en sociedades estamentales de Oriente como China o India. Porque, una vez destruido el principio de la inviolabilidad de la vida humana, ¿cómo determinar una frontera objetiva a partir de la cual se puede decidir legalmente dar muerte a un semejante? ¿Cómo distinguir un gran sufrimiento de un sufrimiento insoportable?

La religión tiene que ver con todo eso, como es natural, pero no se trata de un debate religioso: también la religión condena la tortura o la estafa, y no hace falta apelar a la religión para que la ley civil actúe del mismo modo. Lo que está en juego con el aborto y la eutanasia es el mantenimiento o la destrucción del fulcro de la convivencia libre y democrática, que no es otro que la persona humana y su dignidad inviolable.

Dos congresos

Este fin de semana no tenemos un congreso de un partido político, sino dos. Por un lado, el congreso del Partido Popular del País Vasco; por otro, el de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido nacionalista catalán que ganó las últimas autonómicas y no pudo gobernar porque se lo impidió la coalición de perdedores conocida como el Tripartito, formada por socialistas, comunistas y republicanos.

En cuanto al PP vasco, la ausencia de María San Gil y de Jaime Mayor Oreja ha sido la nota más destacada. Esto era inevitable, porque San Gil era la presidente del partido, y Mayor es todavía su presidente honorario. Pero al margen de estas referencias personales, parece que ahora ha emergido al conocimiento público en toda su crudeza la existencia de lo que ahora se llaman sensibilidades distintas respecto a las relaciones con el PSOE, por una parte, y con el PNV, por otra. Lo primero no da la impresión de ser muy grave, al menos mientras Rodríguez Zapatero no vuelva a las andadas de negociar con la ETA; en cambio, lo segundo podría ser el aspecto visible de un cambio profundo, por razones electoralistas, del Partido Popular en relación con el asfixiante nacionalismo vasco.

Este debate me ha recordado las discusiones interminables de los judíos alemanes o polacos al principio del régimen nazi, acerca de qué clase de relaciones habría de tener con el poder de Hitler. No es lo mismo, desde luego, pero hay puntos de semejanza innegables: una colectividad resulta, de hecho, marginada y sometida a formas diversas de "muerte civil" por parte de un poder político que concibe la pertenencia a la nación dependiendo del modo de pensar. En el País Vasco, y crecientemente en Cataluña, se está instalando una policía del pensamiento que actúa más o menos sutilmente, pero de forma implacable: cuando se empieza a distinguir entre los buenos y los malos catalanes o vascos, el fascismo está llamando a la puerta.

En cuanto a CDC, no parece que su actual secretario general, Artur Mas, sufra un rechazo inquietante por parte de sus bases. Probablemente, lo más interesante de ese congreso será ver qué estrategia política de alianzas define, qué tipo de relaciones querrá mantener con el Gobierno central y qué medios empleará para desarrollar su política. Pero eso lo sabremos en los días venideros.