Playas sólo para clientes

B.GONZÁLEZ, S/C de Tenerife

A pesar de que la vigente Ley de Costas no permite las playas de dominio privado en España, Canarias todavía cuenta con algunos casos. La ley, que fue aprobada en el año 1988, no parece que sea respetada en el Archipiélago, ya que en el año 2006, más del 50% del litoral seguía sin ser de dominio público.

Sin embargo, el director de comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, José Lino Ventosinos, insiste en que "en España ya no existe ninguna playa privada". Preguntado por si los hoteles seguían la misma normativa que los particulares, asegura que sí, información que contrasta con la ofrecida por un hotel de Guía de Isora, en Tenerife, que oferta en su página web una playa privada, así como un hotel del paseo marítimo de Ibiza, o incluso hoteles de Lanzarote. Solo hace falta ponerse a buscar en internet "playas privadas en España" y son numerosos los hoteles que ofrecen esta posibilidad.

En cuanto a Canarias, el ex director general de Costas, José Fernandez, junto al delegado del Gobierno de España en Canarias, Salvador García Llanos, comentaron en la rueda de prensa que celebró a principios de este año que los criterios que se están aplicando en el Archipiélago son los mismos que en todo el litoral español. En este sentido, el que entonces aún era responsable de este departamento, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, recordó que la Ley de Costas, tiene por objetivo preservar el litoral de acuerdo a criterios sostenibles, garantizando su uso y disfrute a todos los ciudadanos, porque "la costa es de todos y para todos".

Desde el punto de vista de la organización ecologista Greenpeace, actualmente son muchos los puntos de esta normativa que no se están aplicando de forma correcta, y esto repercute directamente en el estado de las costas. Además, estas ilegalidades no sólo impiden a la ciudadanía disfrutar de un bien público, sino que las urbanizaciones en primera línea de playa han destruido ya más del 25% de los principales elementos de la costa tan sólo en el litoral mediterráneo.

La Dirección General de Costas, que tiene asignada la garantía del uso público de las playas, establece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, pero no menciona ningún derecho a asignarlas como privadas.

Viviendas en derribo

Como consecuencia de la Ley 22/1988 de Costas, alrededor de 20.000 ciudadanos con inmuebles situados en el litoral español perdieron ese mismo año sus propiedades, algunos de ellos aún habiendo obtenido todas sus posesiones de forma legal. Sin embargo, en las Islas raro es el caso en el que se ha llegado a una medida tan radical.

Sólo los caseríos de Rojas y El Cangrejillo, en el municipio de El Sauzal, así como algunos núcleos de Lanzarote y Fuerteventura han sido completamente derribados por ocupar el dominio márítimo terrestre.

Sin embargo, lugares como Cho Vito, en Candelaria, Agache, en Güímar, e incluso Almáciga, en Anaga, permanecen pendientes de una resolución judicial para conocer su futuro. Los propietarios de estos inmuebles cifran sus esperanzas en el hecho de que, a finales del año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente presentó una modificación de la Ley de Costas en la que determina que si el Estado no resuelve un caso de ocupación ilegal en doce meses ésta pasará a ser legal.