Pese a que existen varios proyectos vinculados a la necesidad de mejorar la movilidad de la Isla como pueden ser las próximas líneas tranviarias, la ampliación de la autopista del Sur a seis carriles (actualmente en ejecución), los proyectos ferroviarios del tren del Norte y del túnel entre Güímar y La Orotava o el cierre del anillo insular, el proyecto del que más se ha hablado y que más cercano está a hacerse realidad, aunque para ello falten varios años, es el del futuro tren del Sur. La futura infraestructura ha estado marcada por la polémica sobre su financiación. El Congreso de los Diputados aprobó el 21 de noviembre de 2007 una proposición no de ley presentada por el diputado nacional y portavoz parlamentario en materia de Vivienda del PP, Pablo Matos, en virtud de la cual se exigía al Gobierno del Estado a que incorporase los proyectos de los trenes del Norte y Sur de Tenerife en el Plan Ferroviario Nacional. Por su parte, el PSOE insistía en que el Ministerio de Economía y Hacienda era el competente para canalizar y negociar los compromisos del Estado con Canarias en materia de inversiones, a través de los convenios previstos hasta 2017. Por ello, el socialista José Vicente González Bethencourt, entonces senador, preguntó en el pleno del Senado del 26 de abril de 2006 la posición respecto a los proyectos de trenes, contestando el ministro Pedro Solbes que era posible abordar una financiación y que lo primordial era que el Cabildo de Tenerife concluyera los proyectos técnicos para llevarlos al Ministerio de Economía y Hacienda. Finalmente, en el pleno del Cabildo de 21 de diciembre de 2007 se logró un acuerdo institucional entre todos los grupos en materia ferroviaria insular. Mediante el citado acuerdo de los grupos políticos representados en el pleno del Cabildo se instó al Gobierno central a la firma con carácter inmediato del convenio de colaboración en materia de infraestructuras de transporte guiado de alta velocidad en Tenerife, de conformidad con los términos propuestos por el Cabildo en abril de 2006. Además, solicitaba a todos los agentes económicos y sociales de la Isla que se pronunciasen públicamente a favor de la realización de esta infraestructura y que se dirigieran al Gobierno central en apoyo del acuerdo elevado por el Cabildo tinerfeño.
