EL DÍA, S/C de Tenerife
La Cooperativa de Viviendas Hespérides, de Hoya Fría, afirmó ayer que con el fin de zanjar este conflicto, comprarán de nuevo las parcelas, devueltas a sus propietarios, la familia Rodríguez López, merced a una sentencia del Tribunal Supremo de 2007, y que va a representar un desembolso por parcela de unos 70.000 euros.
Además, anunciaron que iniciarán, de inmediato, acciones legales contra el Ministerio de Defensa, con el objeto de resarcirse de los daños ocasionados al no avenirse esta institución a ejecutar la sentencia del Supremo.
La falta de actuación por parte de Defensa, según señalan los miembros de la cooperativa, "nos ha obligado a aceptar las condiciones impuestas por la familia Rodríguez López, con el objeto de alcanzar una situación definitiva de seguridad jurídica y así tomar posesión de las viviendas".
En este sentido, aclaran que las condiciones "no han sido otras que volver a comprar a estos propietarios la misma parcela que en su día adquirimos al ministerio por 1.340.256 euros, así como desistir de un recurso de reposición ante en Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo". Además, otra de las condiciones negociadas con los propietarios es la de cederles una pequeña parcela donde está proyectado un local comercial.
Una vez que han formalizado con los titulares registrales de los terrenos la operación de adquisición, la cooperativa considera que su situación jurídica "se ha despejado definitivamente", y que sólo queda pendiente "la adjudicación a los cooperativistas de sus viviendas sin riesgo alguno".
En consecuencia, esta operación de nueva adquisición de la misma propiedad ha representado que la cooperativa tenga que desembolsar 8.114.000 euros, 7 millones más que hace una década, lo que representa un costo adicional por vivienda de 70.556 euros.
La acción judicial de estos cooperativistas persigue depurar la responsabilidad patrimonial del ministerio, puesto que, en el momento que le vendió a la cooperativa la parcela, figuraba que estaba libre de cargas, aunque, a tenor de la sentencia del Supremo, "como se ha visto, consideró que sí las tenía".
Por esta circunstancia, lo que reclama ahora la cooperativa de propietarios es el reintegro total de los daños ocasionados, pues se considera "un mero tercero de buena fe".
Desde que se inició este contencioso, algunos propietarios han abandonado esta lucha, pues en función del tamaño de la parcela deben abonar una cantidad mayor o menor y, según explicó un representante, "tras ocho años de espera, algunos ya han adquirido otra propiedad".
El la reclamación judicial que presentarán los cooperativistas le van a exigir al ministerio los 1.340.256 euros de la compra, así como los perjuicios que les ha ocasionado este conflicto, "como el incremento de préstamos o los intereses bancarios, entre otras cuestiones".
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