La crisis obligó en 2007 al Ejecutivo canario a anticipar las licitaciones

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

La actual crisis económica, que según el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, la Administración autonómica previó que ocurriría hace un año, obligó al Ejecutivo canario a anticipar las inversiones de su departamento previstas para 2007 y los ejercicios siguientes.

Las empresas constructoras, que vienen padeciendo durante los últimos doce meses los recortes de la actividad del subsector residencial y enfrentan la restricción de los créditos bancarios, explica, presionan cada vez más al Gobierno canario para ampliar su cartera de contratos mediante las obras públicas.

"En el último año no ha crecido tanto el número de empresas con presencia en el Archipiélago, sino la necesidad de captar nuevos negocios a través de las licitaciones", admite Hernández.

"Siempre resulta lógico que las constructoras pujen por conseguir las obras públicas", señala el consejero, pero "en una situación de crisis como la actual, manifiestan una mayor necesidad de lograr las adjudicaciones".

Por ese motivo, durante el último trimestre de 2007, su departamento adjudicó numerosas obras. El Ejecutivo autonómico se adelantó a la "difícil situación que se veía venir" y optó por acelerar las licitaciones.

Esas obras, junto con otras que se habían adjudicado antes durante el pasado ejercicio, explican la existencia de un remanente presupuestario en 2008 "inevitable".

La razón es que las empresas adjudicatarias disponen de un año para certificar las obras que deben desarrollar, "por lo que muchas de las anualidades previstas para satisfacer esos proyectos quedan pendientes de ejecución definitiva hasta que completen ese trámite administrativo".

"Es el procedimiento normal y, además, no hay otra forma de llevar adelante las adjudicaciones", explica Hernández.

Por ese motivo, las cantidades que restan del presupuesto de un año para otro son transferidas "de forma automática" para el siguiente ejercicio. "La ley obliga a que siempre haya una provisión de dinero que justifique las obras adjudicadas", señala.

Hernández asegura que la legislación impide pagar los fondos previstos para las obras "al día siguiente de adjudicarlas", debido a que las empresas tienen que presentar sus certificaciones en ese año de plazo. "Las inversiones no se ejecutan igual que el gasto corriente de las nóminas", puntualiza.

Así, "lo importante de verdad no es cuánto dinero ha pagado una consejería, sino cuánto ha comprometido, que en el caso de este departamento llega al 100% durante 2007 y en los primeros meses de este ejercicio".

Con este planteamiento, Hernández rechaza las acusaciones de la oposición sobre el grado de ejecución del año pasado en su área. "A 31 de mayo, ya teníamos comprometidos el 64,1% de los fondos de este año, que es más de lo alcanzado en los ejercicios anteriores", asegura. "También superamos el récord en el porcentaje de ejecución".

Pero el consejero es consciente de que a pesar del esfuerzo inversor de la comunidad, "parece que todavía las obras no dan sus frutos en materia de empleo". El motivo es que muchas se encuentran aún en fase de expropiación, procedimiento "riguroso que debe agotarse por completo antes de su inicio". Hernández prevé que el momento "máximo" de contratación laboral y de esfuerzo inversor llegará "en breve", en la segunda mitad de este ejercicio.