TACHI IZQUIERDO, Tenerife
Los propietarios de las 32 parcelas en litigio que se encuentran en la unidad de actuación de la urbanización del Valle de Las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas, y que no pertenecen a la promotora de Mapfre, están dispuestos a "poner en manos del Ministerio Fiscal" su demanda de paralización de los trabajos, una vez que han presentado ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz un escrito en el que reclaman que se establezca el cese cautelar de los mismos, por considerar que ha caducado su licencia.
Según señala en su planteamiento el colectivo de afectados, en un escrito que han presentado a mediados del mes pasado, una vez que lograron paralizar los trabajos del viario en la zona, "solicitamos la paralización no sólo en nuestros terrenos, sino en el proyecto de urbanización del Valle", porque consideran que "el plazo de ejecución de las obras se ha caducado desde 2005 en lo que respecta a su inicio".
Guillermo Acuña, uno de los afectados por la ejecución de este proyecto de urbanización, y portavoz de este grupo de vecinos, que conforman unos 90 propietarios que reclaman la titularidad de sus parcelas, explicó ayer que "se han cumplido los plazos tanto para el comienzo de la misma, como el establecido para su ejecución, conforme a la legislación vigente".
Acuña recuerda que el plan parcial de Las Teresitas fue aprobado, previa toma de conocimiento del consejo de administración, el 17 de diciembre de 2004, y que se dictó resolución el día 20 del mismo mes, por el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Señala que en dicho proyecto no consta ni el plazo para la iniciación ni la ejecución de los trabajos, pero precisa que "en lo establecido por la legislación se señala un año para iniciar la obra y dos años para su terminación".
Por ello, el representante de los vecinos explica que, por aplicación del artículo 176 del Decreto legislativo 1/2000 de 8 de mayo, "procede la medida cautelar de suspensión de todos los actos de parcelación, urbanización o de construcción, entre otros, y la notificación de la orden de suspensión al promotor o propietario de la urbanización bajo los apercibimientos legales oportunos".
Además, añade que en este decreto se especifica que en caso de incumplimiento de la orden de suspensión "se dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder".
Precisamente, este es el argumento principal con el que los vecinos del Valle de Las Huertas basan su petición a la Gerencia de Urbanismo, a la que exigen que "declare caducado el plazo para puesta en práctica del proyecto".
Es más, teniendo como referencia el inicio del proyecto en diciembre de 2004, fijan en este mismo mes del año siguiente el tiempo establecido para el comienzo de los trabajos, mientras que el tope para la finalización está en diciembre de 2007, "algo que, en ambos casos, no se ha completado".
Además, explica Acuña que "tampoco se ha solicitado nueva licencia de construcción una vez cumplidos los dos plazos".
Ante esta situación, el portavoz de los afectados le reclamó a la concejala de Urbanismo, Luz Reverón, que "se le ablande más el corazón, y que suspenda inmediatamente las obras hasta que se resuelva este conflicto, en la justa aplicación de la legislación vigente". Acuña comentó que, "al no existir una prórroga, se debe planificar un nuevo proyecto para la urbanización", aspecto que, añadió, "le da el argumento a Reverón para poner en práctica la medida de suspensión que le reclamamos los vecinos afectados por esta actuación".
No obstante, advierten de que en caso de ausencia de respuesta a esta solicitud, "daremos cuenta a la Fiscalía, a efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder".
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