EFE, Madrid
Las comunidades autónomas de Andalucía, Valenciana, Murcia y Canarias son las que más "maltratan" su litoral, en comparación con el resto de comunidades, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció que el "urbanismo salvaje" sigue siendo el principal problema de la degradación de nuestras costas.
Greenpeace publicó ayer una nueva edición de su informe anual "Destrucción a toda costa", el "mejor diagnóstico de la situación de nuestro litoral", según puso de relieve el director de esta organización, Juan López de Uralde, y que este año está analizando también la contaminación.
El informe pone de relieve que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, en el que están implicados medio millar de personas, un 37% de los cuales, representa a cargos públicos.
Destaca, además, que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007, ya aprobadas por los correspondientes ayuntamientos, se han sumado este año 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras en el litoral, principalmente puertos deportivos e industriales, que van ganando terreno al mar.
El "podio" de las comunidades que menos cuidan su litoral lo encabezarían, además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En el segundo puesto del ranking estarían Cataluña, Baleares y Galicia "por seguir produciendo daños en el medio ambiente" y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias, por estar imitando el modelo "devastador" del mediterráneo.
Greenpeace citó además, cuáles son a su juicio los diez "puntos negros" más amenazados por el ladrillo o por la continua contaminación: Algarrobico (Almería), el Puerto de Tarifa (Cádiz), el polo químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or (Castellón) y el "Manhattan" de Cullera. Además, el Puerto exterior de Pasajes (Guipúzcoa), la Ría de Vigo (Pontevedra), el puerto de Granadilla en Tenerife y la Marina de Cope en Águilas (Murcia).
El documento de esta organización ha llegado a recopilar hasta cien puntos negros en el litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado en la construcción ilimitada a costa de recursos y del patrimonio natural.
De los cien puntos más amenazados, 37 lo son por afecciones a la calidad de las aguas, de los cuales destacan el polo químico de Huelva, la zona más contaminada de Europa y en riesgo de "catástrofe ambiental", y la bahía de Algeciras, ambos en Andalucía, según ha explicado Julio Barea.
También la costa de Tarragona, la ría de Vigo, la ría de O Burgo y Corcubión, ambas en La Coruña, la bahía de Santander, Guardamar del Segura (Alicante), la bahía de Palma de Mallorca o la bahía de Portman (Murcia) registran un índice de contaminación "severo".
Galicia es la comunidad autónoma con más puntos negros, debido a que acumula 19 de los cien, seguida de Andalucía, con (18); Comunidad Valenciana (11), Cataluña y Canarias, ambas con (10); Baleares y Murcia (7 en cada una de ellas), Asturias (6), Cantabria (5) y Ceuta y Melilla (un punto negro en cada caso).
El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, denunció ayer que la crisis está produciendo un gran parón en la construcción inmobiliaria, a pesar de que muchas de las viviendas están ya aprobadas, a favor de las infraestructuras en el litoral.
El informe critica la demagogia de todas las administraciones respecto a estas construcciones, ya que no existe ni una sola región que prevea limitar el número de amarres en los puertos deportivos.
Uralde consideró que la crisis puede servir como oportunidad "para meter mano de una vez al tema de la corrupción", y por ello pidió que se aplicara ya la Estrategia de sostenibilidad de la costa además de recordar el compromiso de Gobierno respecto a la demolición del Hotel Algarrobico.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, denunció el afán de los ayuntamientos por clasificar suelo urbanizable y advirtió además del declive que están sufriendo las ventas de casas en las playas, que está llegando hasta el setenta por ciento en Alicante.
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