COLPISA, Madrid
El Gobierno dio ayer el primer paso para frenar la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco con la solicitud de un informe "urgente" al Consejo de Estado sobre la legalidad de la norma impulsada por el Ejecutivo de Ibarretxe. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha esperado a que la ley fuera publicada en el Boletín Oficial del País como muestra de "su determinación" a paralizar la iniciativa soberanista.
En contra de lo que apuntó la víspera el portavoz socialista en el Congreso, el Gobierno reclamó al órgano consultivo que elabore un dictamen sobre la norma aprobada en Vitoria el pasado viernes.
El Ministerio de Administraciones Públicas explicó que da este paso "como muestra de su determinación de interponer recurso (ante el Constitucional) contra esa ley en el plazo más breve posible".
De esta forma, el departamento que dirige Elena Salgado dio la razón al PP, que instó al Gobierno a dar ese paso sin esperar a que la ley fuera publicada; una decisión que, según el portavoz socialista, José Antonio Alonso, no se podía tomar porque el proyecto no adquiere rango de ley hasta que se plasma en el Boletín Oficial. También la vicepresidenta Fernández de la Vega anunció el pasado viernes que el Ejecutivo esperaría a la publicación de la norma para pedir el informe. El Parlamento vasco, pese a que han transcurrido cinco días desde su aprobación, aún no ha incluido el texto en el BOPV.
La petición del dictamen al Consejo de Estado es preceptiva para que el Consejo de Ministros apruebe el recurso ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, si el órgano consultivo da su parecer hoy o mañana por la mañana y si la cámara de Vitoria publica la ley en esos mismos días, se podría dar luz verde a la demanda en la reunión del gabinete de esta semana.
La impugnación acarrea la suspensión automática de la norma, a diferencia de lo que sucedería si el recurso es presentado por diputados y senadores del PP.
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