¿Qué pretenden hacer nuestros dirigentes con la enseñanza pública?

ME DIRIJO a la ciudadanía canaria para transmitirles la preocupación que siento por el rumbo que la Educación pública está tomando con las restricciones económicas que la Consejería está llevando a cabo. Públicamente, el Gobierno de Canarias ha manifestado que desea reducir el servicio de la Escuela pública (hasta el 50%) a favor de la privada o concertada. Por ello, han establecido normas como la de exigir un mínimo de 12 alumnos, primero en las materias optativas de Secundaria y Bachillerato, pero ya lo han hecho extensible a todas las materias de Bachillerato, según la Resolución de 11 de junio de 2008, en la que se dictan instrucciones en el Bachillerato para el curso 2008-2009. Los centros a lo largo del presente curso han manifestado reiteradamente el perjuicio que causa esta restricción al funcionamiento de la Enseñanza pública, pero han ignorado por completo el sentir de los docentes.

Con esta Resolución, el funcionamiento de la Enseñanza pública se ve claramente perjudicado por los siguientes motivos:

1) Es discriminatorio hablar de mínimos con números enteros. No es lo mismo exigir un mínimo de 12 alumnos en un centro de alta matriculación que en uno pequeño. Sería, en todo caso, más correcto y justo hablar de números porcentuales. Así, exigir 12 alumnos en un centro con 50 alumnos en el Bachillerato humanístico supone hablar de casi un 25%. En cambio, en un centro con 25 alumnos en la misma rama, 12 alumnos supone exigir casi el 50%.

2) Hay, además, una discriminación social para aquellos alumnos que no estén en centros de alta matriculación, pues no tendrán el derecho de elegir y recibir las materias que por ley están establecidas en los diferentes niveles. La Consejería, además, pretende ofertar materias semipresenciales, probablemente en los CEAD, a aquellos alumnos que no puedan matricularse en su centro en alguna de las materias que han elegido por no llegar al mínimo de alumnos exigido. Esto supone que un gran número de alumnos de centros pequeños se verán obligados a elegir esta vía semipresencial. En cambio, los alumnos que vivan en zonas de centros de alta matriculación, sí podrán con más probabilidades optar a una u otra vía, según sus necesidades. La calidad de enseñanza claramente se reduce en el sistema semipresencial. En el sistema tradicional (presencial) el alumno recibe 4 horas semanales en una materia de modalidad de BCH. Pero en el sistema semipresencial recibirá sólo una hora tutorial; el resto será por la web, como ya lo están haciendo en los bachilleratos nocturnos con la Plataforma Moodele.

3) Los funcionarios docentes que actualmente trabajan en Canarias tienen una alta cualificación: son licenciados (en Secundaria) o diplomados (en Primaria) que han superado unas exigentes y competitivas pruebas de oposiciones. Al exigir un mínimo de 12 alumnos en Secundaria, muchas materias dejarán de impartirse en los centros pequeños. Pero la Consejería resolverá la falta de horas de muchos funcionarios docentes adjudicándoles horas de otras materias afines. Así, un profesor de Griego o de Física y Química que no pueda impartir su especialidad, podrá posiblemente quedarse donde tiene su plaza definitiva, siempre que le sobren horas a otros departamentos afines. Por lo tanto, el problema, aunque puede ser laboral, será sobre todo de una auténtica pérdida de calidad educativa por renunciar a explotar debidamente los recursos humanos actuales.

Por todo ello, quiero hacer un llamamiento de reflexión a todos los que vivimos y sentimos esta tierra. Es necesario que se abra un profundo debate sobre el porvenir de la Educación pública en Canarias. Nos va el futuro en ello.

* Profesor de Griego y Tesorero de la Delegación Canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos