EFE, Caracas
El contralor general de Venezuela, Closbaldo Russián, negó ayer que exista motivación política en la inhabilitación de alrededor de 400 personas de cara a las próximas elecciones municipales y regionales del 23 de noviembre.
"Nadie conoce mejor su caso que los inhabilitados. Ellos saben que (las inhabilitaciones) no responden a motivos políticos ni electorales", aseguró Russián en una rueda de prensa convocada con los corresponsales extranjeros.
La Contraloría General inhabilitó para ejercer cargos públicos a cerca de 400 personas, acusadas de "mal uso de los recursos públicos", lo que les impide igualmente presentarse como candidatos en las próximas elecciones.
La decisión final sobre dichas inhabilitaciones y la posibilidad de que varios de los afectados se presenten a los comicios se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en las próximas semanas decidirá sobre la legalidad de la medida adoptada por la Controlaría.
Entre ellos está el actual alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, en el este capitalino, una de las figuras más destacadas de la oposición, quien lanzó su candidatura a la Alcaldía Mayor de Caracas el pasado 23 de abril.
López ha calificado en varias ocasiones la decisión de Russián de "atropello a la democracia", y en las últimas semanas se han sucedido manifestaciones de grupos de la oposición que consideran que existe persecución política en las inhabilitaciones del contralor.
"Algunas personas han protestado cuando se trata de sanciones impuestas hace uno o tres años", dijo Russián, quien añadió que esa protesta está motivada en el "interés por participar en el proceso electoral que se avecina".
La oposición también denuncia que la mayoría de los inhabilitados pertenece a partidos opositores, algo que el Contralor aseguró que desconoce, pues el organismo que dirige "no actúa motivado por la adscripción política de los acusados". "No llevamos ese tipo de estadística, si la lleváramos se nos acusaría de actuar motivados por sesgos políticos", indicó Russián. Emplazó a los propios partidos políticos a presentar las listas de sus inhabilitados, ya que el resto se trata de "pura especulación".
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