O.G./EFE, Tenerife
La moción de censura que la pasada semana presentaron socialistas y populares a la alcaldesa de Coalición Canaria, Claudina Morales, en el municipio majorero de La Oliva, sumó ayer otro capítulo a la serie generada tras conocerse la decisión del PP y del PSOE.
El secretario de Organización del PP de La Oliva, José Gómez, anunció que va a proponer al Comité de Derechos y Garantías del PP que abra un expediente disciplinario "por abuso de poder" y "coacciones", tanto al presidente regional de los populares canarios, José Manuel Soria, como a la secretaria de Organización del PP, Carmen Guerra.
En declaraciones a EL DÍA, Gómez dijo no entender por qué cuando ocurre algo en el PP de Fuerteventura, y en este caso en el de La Oliva, los dirigentes regionales "hacen sus descalificaciones en los medios de comunicación, sin mantener previamente reuniones internas en las que se argumente por qué se hace una cosa o la otra".
En este sentido, recordó que los estatutos del partido recogen que es el comité local el que marca las líneas de la política local, y sostuvo que Soria y Guerra "han abusado de su responsabilidad sin utilizar los cauces adecuados".
Al respecto, el secretario de Organización del PP de La Oliva remarcó que el pacto entre PP y PSOE ya gobierna en otros municipio de Tenerife como Puerto de La Cruz y Güímar.
Gómez justificó la presentación de la moción de censura al Gobierno local de CC por la "pasividad" y falta de "diálogo" de la alcaldesa nacionalista, a la que acusó de convertir a La Oliva en el "cuarto" municipio de la Isla.
Por su parte, el comité regional del PP acordó ayer, en una reunión extraordinaria, expulsar a sus siete concejales de La Oliva si no desisten de la moción de censura que han suscrito contra la alcaldesa de Coalición Canaria, una iniciativa que su organización les exigirá parar.
El órgano regional decidió, por unanimidad, enviar un requerimiento por escrito a cada uno de los ediles censurantes para que depongan su actitud.
En caso contrario, la dirección regional del partido pondrá el asunto en manos del Comité de Derechos y Garantías, órgano de ámbito nacional que decidiría, en ese caso, el destino de los concejales requeridos, que cometerían una falta grave que podría ser sancionada, en última instancia, con la expulsión, según anunció el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.
El líder popular destacó que, frente a argumentos esgrimidos por los ediles de su partido para justificar su actuación, como el hecho de que el pacto suscrito con Coalición Canaria para gobernar conjuntamente en la Comunidad Autónoma en la presente legislatura no obligaba a repetir el acuerdo en los ayuntamientos, él mismo desautorizó la iniciativa, en una conversación con González Arroyo.
48 horas antes
"Sólo 48 horas antes hablé con él, le pregunté directamente por esta cuestión", dijo Soria, "puesto que es algo de lo que el PSOE ya iba presumiendo por muchos rincones de Canarias".
"Ésa fue la razón que me impulsó a llamarle y decirle si realmente tenía visos de realidad eso que el PSOE ya estaba pregonando por todas las esquinas, y me negó rotundamente que tuviese el más mínimo fundamento", apostilló.
Además, "sabía la dirección insular, a la perfección, que esa iniciativa, porque no es la primera vez que se escucha hablar de ella, estaba totalmente en contra de los criterios, ya no sólo de la dirección regional, sino también de la dirección nacional, que saben que, a las pocas horas de haberse presentado, ya había sacado un comunicado diciendo que la desautorizaba totalmente", añadió.
"Por tanto, no es algo que se pueda alegar que era desconocido", concluyó el líder regional del PP, que insistió en sus advertencias: "Si esa moción se llega a consumar, desde luego, actuará el órgano del partido correspondiente, que no es otro que el Comité de Derechos y Garantías, por constituir esa iniciativa lo que se denomina una infracción muy grave en nuestro reglamento".
Dicho órgano abriría a cada concejal censurante, en ese caso, un expediente cuya resolución Soria recalcó que "será breve" y que podría concluir con expulsiones, aunque aclarando que la decisión no sería suya.
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