Educación dilata el acuerdo con el profesorado universitario

M.G., S/C de Tenerife

Representantes del personal do-cente e investigador de las dos universidades canarias y del Gobierno regional mantuvieron ayer una nueva reunión que, lejos de contribuir a salvar las diferencias que los separan en relación a los complementos retributivos que percibe el profesorado, agrava aún más el conflicto. Los enseñantes advierten de que, si la Consejería de Educación ofrece únicamente una prórroga de tres años de los actuales complementos, el próximo curso puede empezar con movilizaciones.

Los presidentes de las juntas del personal docente e investigador de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ricardo Pérez y Santiago Rodríguez Feijoo, respectivamente, calificaron el encuentro de "bastante decepcionante", dado que la Dirección General de Universidades no ofreció ninguna respuesta a sus demandas. "Se han limitado a pedirnos que hiciéramos propuestas, cuando ya las hicimos en enero", se lamentó Pérez. No obstante, los representantes del profesorado accedieron a presentar una propuesta por escrito, a la que la consejería deberá contestar en una reunión que se celebrará en Las Palmas el próximo 9 de julio.

Ricardo Pérez definió la actitud mantenida hasta el momento por Educación como "juegos de palabras" y un "diálogo de sordos", y recordó que el "asunto central" de sus reivindicaciones es la consolidación de 3.000 euros más de los actuales -6.000 en total- en concepto de complementos retributivos, una medida que tendría "coste cero" para las arcas de la administración, ya que la mayoría de los docentes ya perciben esa cantidad. "La prórroga es positiva, no podemos negarlo, pero por sí sola no basta", afirmó.

Según Santiago Rodríguez Feijoo, la reunión de ayer fue "una tomadura de pelo. No hemos avanzado absolutamente nada", se quejó. En la línea de lo expresado por Pérez, su homólogo en la ULPGC señaló que la demanda del personal docente e investigador implicaría "que no se consolide más de lo que se está cobrando actualmente", pero satisfacerla supondría "un acto de confianza y de estabilidad" para el profesorado.

El presidente de la junta de personal de la Universidad de Las Palmas se mostró escéptico sobre las posibilidades de que la Consejería de Educación responda el 9 de julio, tal y como se ha comprometido, a la propuesta de los profesores. "Lo dudo. Ya presentamos una propuesta en enero y la Dirección General de Universidades no la ha contestado", comentó.

Por su parte, José Miguel Cáceres, vicepresidente del comité de empresa del personal docente e investigador de la ULL, expresó su tristeza por el hecho de que la consejería "vuelva a dilatar" el cierre del problema. "La prórroga de tres años no es suficiente, sin ninguna medida añadida supondrá una pérdida de poder adquisitivo", dijo. "Hay malestar, y si se traduce en movilizaciones habrá que sopesarlo", aseguró.