E. PRESS, S/C de Tenerife
La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el informe de la Ponencia sobre la Proposición de Ley por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de proyectos, planes y programas, la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa "cero".
Esta iniciativa, impulsada por el Partido Socialista, y que deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara pretende "introducir en la legislación de Canarias la exigencia de que en la evaluación ambiental de los proyectos de infraestructuras y actividades se contemple la alternativa cero, es decir, saber qué ocurriría si finalmente no se ejecutan los mismos", según explicó el diputado socialista Santiago Pérez.
El parlamentario insistió en que se trata de una iniciativa "modesta", pero "en sintonía" con la legislación canaria recogida en la Directriz 84, en materia de preferencia de utilización más eficiente de las infraestructuras que ya existen dado el carácter de territorio frágil del Archipiélago.
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