El litoral de Agache no es urbano por culpa del Gobierno canario

MEDINA, Güímar

Los vecinos del litoral de Agache siguen defendiendo que los núcleos de Punta Prieta, La Caleta, La Puente y El Tablado son urbanos antes de que entrara en vigor la Ley de Costas, el 29 de julio de 1988. De hecho, han solicitado la mediación de la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, para mantener una reunión con la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, al objeto de buscar una solución a la posible desaparición de muchas viviendas por la recuperación del espacio de dominio público marítimo-terrestre. A todo ello puso el freno el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en auto reciente responsabiliza a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de no probar el hecho de que dicha zona de la costa güimarera tuviera la catalogación de suelo urbano hace más de 20 años.

En cualquier caso, el la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC deja claro que el futuro del litoral de Agache queda a expensas de que las partes implicadas (Dirección General de Costas y Gobierno canario) puedan probar lo que cada una defiende, "sin que sea admisible ninguna actuación contra los núcleos, pero evitando su extensión o consolidación de otras edificaciones hasta la resolución definitiva".

Para el tribunal, el hecho de que todas las localidades que forman el litoral de Agache dispusieran de los servicios básicos fundamentales no justifica que tuvieran la condición de urbanas ya que, además, las normas subsidiarias definían tal espacio como suelo rústico.

Medio Ambiente

De momento, la Federación de Vecinos Agache (FVA) sigue aferrándose al Plan General de Ordenación (PGO) de Güímar, aprobado y en vigor, que fue "informado y documentado favorablemente por la Dirección General de Costas". Además, recuerdan que fue dicho departamento del Ministerio de Medio Ambiente el que "impuso la zona de servidumbre a 20 metros", si bien posteriormente es cuando Costas, bajo la dirección de José Fernández, "impuso dicho límite a 100 metros.

"No estamos pidiendo nada nuevo, sino que se respete lo que todas las administraciones han informado favorablemente", señala la FVA, colectivo para el que el cumplimiento de la ley "es para todos y aplicándola a todos por igual, no al más débil mientras se propicia la construcción en primera línea de viviendas, chalets y apartamentos en función de dónde se ubiquen".

En ese sentido, los vecinos del litoral de Agache se preguntan qué ocurriría con Candelaria, Radazul, Tabaiba y El Puertito de Güímar, por ejemplo, si se aplicara en tales lugares la misma norma que se trata de imponer en esta zona de la costa güimarera teniendo en cuenta "el emplazamiento que tenían hace 40 años los mojones que determinan el espacio de dominio público". Para la FVA, lo que procede es la adaptación de la delimitación de dicho espacio a la evolución demográfica y urbanística que ha tenido la zona hasta la actualidad.