Paralizadas las obras de las casas de protección oficial de Santa Bárbara

Á.M., Icod de los Vinos

Los trabajos de construcción de 58 viviendas de protección oficial en el barrio icodense de Santa Bárbara se paralizaron definitivamente en la mañana de ayer, después de que la empresa adjudicataria recibiera el pasado viernes, sobre las 14:30 horas, el requerimiento notarial anunciado por el gobierno municipal desde hace dos semanas. La paralización se debe a que Icodemsa, la empresa municipal que promueve las viviendas, detectó, tras una denuncia ante la Agencia del Medio de la Asociación en Defensa de los Acantilados de La Culata, que el anterior gobierno (PSC) otorgó la licencia con diversos informes contrarios de técnicos locales por tratarse de suelo reservado por las Normas Subsidiarias vigentes para equipamiento docente.

El propietario de la constructora, Domingo Fernández, explicó ayer a este periódico que, según le indicaron desde la notaría, el retraso en la entrega de la notificación se debió a que se toparon con dificultades para encontrar la sede de la compañía en El Sauzal. El dueño recalcó que no pararon los trabajos hasta disponer de ese requerimiento oficial pese a las llamadas telefónicas porque, de esa manera, tienen un sostén jurídico en caso de que tengan que reclamar una compensación por las pérdidas que le ocasionen la paralización. Según apunta, dejará a un vigilante y un mantenedor de la obra durante el tiempo de la suspensión. Los 30 trabajadores restantes se han quedado sin empleo por esta coyuntura.

El edil responsable de Icodemsa, Francisco Rivera, señaló ayer que la paralización se prolongará hasta que la Cotmac apruebe el documento 8 del nuevo Plan General de Ordenación, medida que permitirá legalizar la situación de estas viviendas. El gobierno local está intensificando sus gestiones para que este texto se apruebe con celeridad, evitando así mayores perjuicios a la empresa.

La compañía, sin embargo, subraya que no tiene previsto exigir daños y perjuicios, salvo que haya algún impago o incumplimiento del contrato. Eso sí, y al tratarse de una obra de 6 millones de euros, muy superior a los 600.000 mínimos, pedirá a la administración una revisión del precio definitivo.

Fernández recalca que, lejos de cualquier irregularidad, lograron la adjudicación de estas viviendas tras un concurso "público, transparente y al que se presentaron empresas como Dragados". El propietario se aparta de cualquier polémica y resalta que los supuestos incumplimientos en el expediente son ajenos a su compañía.

En los próximos días, habrá nuevas reuniones de empresa y el gobierno local sobre esta actuación.