La Policía Judicial detecta un fraude documental durante la gestión del PSC

ÁLVARO MORALES, Icod

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la gestión del último Gobierno socialista de Icod, que presidía Juan José Dorta, añadió hace días un nuevo capítulo con la inspección realizada por agentes de la Policía Judicial en el despacho de Obras, Servicios, Patrimonio y Contratación para comprobar si había existido fraude en las fechas de un documento. Según las conclusiones de esta unidad, a las que ha tenido acceso EL DÍA y detallaba anoche La Voz de Icod, un decreto con fecha del 15 de diciembre de 2006 fue creado, en realidad, el 23 de enero de 2007, con lo que, en principio y según temen las partes denunciantes, se había hecho a posteriori para poder contrarrestar la petición del expediente por parte de la Fiscalía el 16 de enero de 2007 ante unas eventuales obras ilegales en una casa de la mujer del ex edil Maximino Fuentes.

A instancias del Juzgado número 2 de Icod, que investiga un supuesto delito continuado contra la ordenación del territorio por parte del gobierno anterior, los agentes acudieron el pasado 14 de mayo al consistorio y contactan con la secretaria y una técnico superior de Obras. Investigan luego en un ordenador del citado despacho y, tras no obtener resultados en el disco duro, acuden al servidor, donde los funcionarios deben volcar todos sus trabajos para posteriores supervisiones. Es en este archivo donde hallan el decreto con fecha del 15 diciembre de 2006, pero se percatan de que ha sido "creado a las 13:38 horas, impreso a las 15:05 y guardado un minuto después del 23 de enero de 2007".

Las supuestas obras ilegales aluden a un aumento de volumen en una casa propiedad de la mujer del ex concejal que no estaba previsto en la licencia de obra menor concedida por el edil de Urbanismo, José Alberto Ruiz, el 20 de septiembre de 2005. La acción popular que ha denunciado al anterior gobierno por diversos motivos sostiene en este caso que, pese a las eventuales irregularidades, a las denuncias, a la orden del alcalde de inspeccionar los trabajos y a un informe que constata la ampliación, hubo "inacción" del ayuntamiento hasta la petición de la Fiscalía.

Esta visión contrasta con la dada por la secretaria accidental en esos momentos ante el juzgado. Según indicó, resulta "imposible" que el decreto haya sido creado en la jornada que sostiene la Policía Judicial, defendiendo que se hizo el día que consta. Asimismo, señaló que los números y fechas de salida de los documentos municipales los da un programa informático y no el usuario, aparte de que cree que no se pueden modificar esos aspectos. También dijo que no le constaba haber dado un certificado para legalizar las obras.

El ex edil también declaró sobre estas supuestas irregularidades en la casa, en la que no vivía, el pasado 5 de octubre. Indicó que nunca se paralizaron los trabajos "porque no existían en ese momento", aunque la Policía acudió a precintar. También dijo que se abrió un expediente que se les comunicó, al que presentaron alegaciones, y que la Policía nunca levantó acta, aunque sí una de las personas de la acusación particular de toda la causa contra el anterior gobierno.

Juan José Dorta mantiene su silencio sobre toda esta investigación y dice que hablará en su día, línea que siguen el resto de ediles imputados (7), entre los que está el actual portavoz socialista, José Alberto Ruiz, que ayer declinó manifestarse sobre estos aspectos.