Santa Cruz de Tenerife, EFE La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino, dijo que el nuevo reglamento europeo sobre la pesca ilegal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2010, puede suponer un aumento de la presión en materia de control de los productos pesqueros comercializados en Canarias.
Merino hizo esta consideración en Luxemburgo, donde se encuentra para asistir al Consejo de Ministros de la UE dentro del semestre en que Canarias ha ostentado la representación de las distintas comunidades autónomas de España ante instituciones comunitarias.
Una nota de la Consejería de Agricultura aclara que la Comisión Europea presentó al Consejo el pasado mes de octubre de 2007 una propuesta de Reglamento por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y delimitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas comunitarias e internacionales.
Este reglamento se aplicará a los productos y buques tanto de la Unión Europea como de terceros países, lo que requerirá acuerdos de colaboración con países extracomunitarios para asegurar que las importaciones de productos pesqueros se efectúen con certificaciones de captura en origen.
Este aspecto, agrega la nota, tendrá una particular incidencia en el control, desde el origen, de los productos de la pesca que arriben a los puertos canarios y evitará la introducción de aquellos que procedan de la pesca ilegal.
El texto prevé invertir una gran parte del esfuerzo de la lucha contra estas prácticas en los países extracomunitarios, fundamentalmente ACP (África, Caribe y Pacífico).
La Consejería señala que el nuevo reglamento prevé un estricto régimen sancionador y precisa que ha realizado un seguimiento del proceso de elaboración de esta normativa.
Según indicó Pilar Merino, tras varias modificaciones, se ha alcanzado un alto grado de consenso sobre algunos aspectos fundamentales como el ámbito de aplicación o el régimen sancionador.
La Consejería señala que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los caladeros y la biodiversidad marina y además constituye un factor que incide en el bajo nivel de precios que percibe la pesca legal.
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