El Gobierno no firmará el convenio de dependencia si no prevé infraestructuras

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

En la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda celebrada ayer en el Parlamento de Canarias, la consejera del área, Inés Rojas, anunció su intención de "no aceptar, y mucho menos firmar, el convenio sobre dependencia para este año si en él no se incluyen fondos específicos para la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos, porque sin ellos es prácticamente imposible que la ley se pueda aplicar en las Islas".

Durante su comparecencia, a petición de la diputada del Partido Socialista Francisca Luengo, la responsable de Bienestar Social aseguró que "en su día ya me negué a firmar el borrador del convenio de 2007 porque era el mismo para todas las comunidades autónomas y la situación de Canarias no tiene nada que ver con la del resto del país, además de que se nos negaba dinero para infraestructuras. Finalmente, logramos que se aumentara al doble la partida que inicialmente se nos iba a dar -que era poco más de tres millones de euros- y que nos permitieran la convivencia con los planes que ya teníamos en funcionamiento con dependientes y mayores, quedando el tema de las infraestructuras para este año".

En este sentido, la responsable Inés Rojas señaló que "lo que tampoco vamos a aceptar es que el Estado imponga el criterio de la superficie territorial de las comunidades para la distribución de fondos, porque eso no lo contempla ningún punto de la ley y a Canarias le afectaría notablemente. Si así fuera, votaremos en contra".

Asimismo, Rojas quiso compartir con los diputados que "no duermo bien. Me despierto por la noche pensando en que si el Estado lo que quiere es que demos plazas, no nos da dinero para crearlas a través de nuevas infraestructuras y las actuales están ocupadas, tal vez lo que pretenda es que saquemos a los que ahora las están ocupando para dárselas a los que a partir de ahora sean valorados. Pienso que por eso casi todas las personas que actualmente ocupan alguna plaza en un centro de la comunidad autónoma son las que menos han solicitado ser valoradas como dependientes, porque tienen miedo a perderla. No obstante, yo quiero decirles que estén tranquilos, porque nadie los va a sacar de allí".

Ejemplificando lo que a su juicio es la situación actual creada por la entrada en vigor de la ley, la consejera dijo que "es como si el Estado hubiera creado el derecho a que todo el mundo tuviera una silla donde sentarse, pero resulta que no las fabrica y nos obliga a las comunidades a que las demos. ¿De dónde las sacamos?. Creo que las comunidades estamos pagando la presión que un partido político ha creado y que se podría solucionar si creara un sistema único para todo el país y no 17 diferentes como hay ahora".

Por su parte, la diputada socialista Francisca Luengo mantuvo insistentemente que "el Gobierno canario ha politizado esta ley desde el principio y ha creado intencionadamente mucha confusión".

Respecto a las infraestructuras, Luengo manifestó que "con el dinero del convenio del año pasado se han cubierto servicios que ya existían, cuando lo que la ley busca es ampliarlos y atender a aquellas personas que hasta ahora estaban al margen del sistema y no se beneficiaban de los servicios".

Asimismo, recordó que "el Estado no puede actuar en las infraestructuras porque lo que establece y financia son los servicios" y, para terminar, añadió que "en cualquier caso el gran logro de esta ley ha sido la creación de un sistema basado en el reconocimiento de un derecho universal, similar al de la educación o al de la sanidad. Lo que sucede es que algunos de los encargados de llevarlo a cabo en las comunidades autónomas están anclados en los servicios sociales de antaño y se han dedicado a politizar la ley y a negarse a aplicarla".