El delito en la pantalla

PEDRO FUMERO, Tenerife

Era un fotógrafo profesional de bodas, bautizos y comuniones que trabajaba en Tenerife. Aparentemente, realizaba su labor de forma correcta, pero especialmente en las "primeras comuniones" intensificaba su faceta de "relaciones públicas" con los niños y las niñas a los que retrataba. El intercambio de números de teléfonos móviles con un menor era el primer paso para ganarse su confianza. Más adelante, le ofrecía dinero u otros regalos a cambio de que posara desnudo en algún hotel, apartamento o en su propia casa, con el fin de captar imágenes y distribuirlas por internet. Así muchas veces. Fue la denuncia de los padres de un chico de 13 años lo que activó una investigación por parte de la Guardia Civil, que culminó con la detención y el ingreso en prisión sin fianza del individuo, que tiene alrededor de 40 años. Según los testimonios de varios menores, también hubo agresiones sexuales. El caso sigue abierto.

Los agentes encargados de patrullar la red en busca de toda clase de imágenes de pedofilia o pornografía infantil, así como de afrontar las detenciones de quienes producen o distribuyen este tipo de archivos, son los miembros del Equipo de Investigación de Delitos Telemáticos (Edite), que también analizan cualquier otro delito en el que internet sea un medio para quienes actúan fuera de la ley.

La creación del Edite de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, compuesto por un cabo y dos jóvenes agentes, se llevó a cabo cuando la unidad central de Madrid se vio desbordada por la gran cantidad de casos que tenía que esclarecer. Además, de las investigaciones propias, también apoyan al resto de equipos de la Policía Judicial de la provincia en casos de homicidio o agresiones sexuales, por ejemplo, donde los ordenadores puedan ofrecer información de interés en el caso.

El rastreo del disco duro

El disco duro original de cada ordenador intervenido se queda en el juzgado y los guardias trabajan con copias del primero hechas con material especializado. ¿Cuánto se puede tardar en estudiar el contenido? Depende de la capacidad y lo que se desee buscar. Si quieren hallar imágenes, el proceso puede llevar uno o dos días, pero si rastrean correos electrónicos o registros, la tarea se prolonga semanas e, incluso, meses.

Se opera con mucha más rapidez cuando hay que solicitar elementos clave (registros de IP, dominios, números de teléfono) a compañías españolas que cuando hay que requerirlas a una sociedad con sede en Estados Unidos, por citar algún país del otro continente.

El cabo del Edite asegura que, cuando abren una fotografía o le dan al "play" de un vídeo de pornografía infantil, su vista se dirige rápidamente a detalles que puedan ofrecer información de interés. Objetos tan diversos como un tipo de enchufe o una marca de bebida, por ejemplo, pueden poner en bandeja datos valiosos del escenario del delito. Si, además, se capta la cara de un adulto, pues mucho mejor. Si fuera necesario, toda esa documentación se remite a Interpol o Europol para que se profundice en la investigación. Según el Edite, en los últimos tiempos ha crecido la cifra de usuarios, mientras que la producción de imágenes ha descendido.

El cabo apunta que en este trabajo "el tiempo es muy relativo". Esta idea hay que tenerla muy clara cuando, a veces, hay que pasar 12 horas en un juzgado copiando archivos sin interrupción. En esa línea, recuerda que no es tan importante la cantidad de personas que integren un equipo como la calidad y constancia que ofrezcan. Cada día el horario medio no baja de las 10 horas, tal y como confirma una agente del grupo.

Los profesionales del Edite comentan que las imágenes de agresiones sexuales a niños pequeños, así como a bebés de 6 ó 7 meses los dejan "descolocados".

Su intervención se produce por los asuntos que les trasladan de Madrid o de otras provincias, por las denuncias hechas por personas que acuden a los cuarteles de la provincia, así como por la recepción de llamadas anónimas, que también son tenidas en cuenta.

Uno de sus trabajos recientes estuvo vinculado a la "operación Diana", que comenzó en Córdoba y que en Tenerife contó con una persona detenida y otra imputada. A la primera se la localizó por la utilización de programas P2P (Peer to Peer) para compartir archivos. Los agentes mantuvieron una vigilancia que duró tres semanas, para conocer quién distribuía fotos y vídeos, así como para descartar "accidentes". En el Edite denominan "accidentes" a los casos en que, sin querer, un usuario de la red descarga imágenes de pornografía infantil e inmediatamente los elimina o, incluso, se lo comunica a la Guardia Civil. El Instituto Armado tiene herramientas para saber realmente cuándo hay hechos accidentales y cuándo se trata de ocultar un archivo de forma intencionada.

Pero "Diana" no es una excepción. En casi todos los grandes casos nacionales de distribución y tenencia de pornografía infantil hay imputados que residen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En lo que va de año, el equipo de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 24 detenciones e imputaciones por acumular y contribuir a repartir esa clase de material audiovisual.

Y en estos momentos mantienen abiertas no menos de 15 investigaciones, que van desde la pornografía infantil y las agresiones sexuales hasta la revelación de secretos o las estafas.

En los últimos meses ha crecido de manera importante el número de robos de la cuenta de correo electrónico para gastar bromas a una ex pareja o a un amigo, sin que, a veces, los autores se den cuenta de que incurren en un delito de revelación de secreto. El nivel de esclarecimiento de estos asuntos se sitúa en un 60 por ciento, debido a que, por lo general, el tiempo invertido para localizar a los delincuentes es menor que en los casos de pornografía infantil. En esa misma línea de evolución ascendente se sitúan las injurias y calumnias.

Las estafas, por su parte, han descendido, tal vez porque, cuando se descubre un nuevo procedimiento delictivo, se comunica a las entidades bancarias para que adopten las medidas correctoras oportunas.

El Edite apunta que los "cíberlocutorios" son centros potenciales para perpetrar delitos, gracias a que los autores continúan escudándose en que un mismo ordenador puede ser usado por decenas de personas en un mismo día.

Por esa razón, los agentes piden la adopción de medidas legislativas que faciliten un mayor control, como ocurre desde hace poco con los clientes de las tarjetas prepago para los móviles, a quienes las fuerzas de seguridad deben tener plenamente identificados. Es decir, plantean que haya una norma que obligue a cada establecimiento a identificar a los clientes con el DNI y a disponer de un libro de registro de usuarios para determinar con exactitud qué persona usó un ordenador a una hora concreta.