Á.M., Icod de los Vinos
La empresa que construye 58 viviendas de promoción pública en el barrio icodense de Santa Bárbara continuaba ayer con los trabajos, pese a los continuos anuncios de paralización del gobierno local. Un operario de la compañía indicó a este periódico que aún no les ha llegado la notificación oficial de que deben parar las actuaciones, por lo que, hasta que eso ocurra, seguirán trabajando con el mismo ritmo.
El gobierno local decidió hace dos semanas paralizar esta promoción al detectar que el expediente de esta promoción desarrollada por la empresa municipal Icodemsa incluía diversos informes contrarios de técnicos del ayuntamiento. El edil responsable de Icodemsa, Francisco Rivera, sostiene que el grupo de gobierno no había actuado antes en este sentido porque dio por válida la licencia otorgada por el anterior equipo gobernante, que dirigía el socialista Juan José Dorta. Sin embargo, y tras la denuncia ante la Agencia del Medio de la Asociación en Defensa de los Acantilados de La Culata, el gobierno pidió informes urgentes y optó por paralizar los trabajos, reservándose la posibilidad de acudir a los juzgados para denunciar unos hechos que achaca exclusivamente a la gestión anterior.
El alcalde, Diego Afonso, señaló el pasado martes a EL DÍA que las obras se habían parado y que el retraso se debió a que tenían que notificarlo de forma oficial a la empresa adjudicataria. No obstante, los hechos contradecían ayer estas afirmaciones. Este periódico intentó, sin éxito, contactar ayer con el máximo mandatario y el edil del área.
La citada asociación ha recibido una carta de la Agencia del Medio interesándose por la situación. El grupo ecologista amenaza al gobierno actual con denunciarlo por seguir "consintiendo" que se mantenga unas obras sin los permisos necesarios, aparte de que puede ocurrir cualquier accidente con maquinaria, "lo que podría abocar al consistorio a un problema mayor", según apuntan a EL DÍA fuentes de la entidad.
Estas casas forman parte del sumario por el que se investiga al anterior grupo gobernante en una causa muy amplia que tiene como implicados al ex alcalde Dorta y siete concejales miembros de la comisión de gobierno.
El PSOE siempre ha defendido la promoción por la demanda de viviendas existentes y su portavoz, José Alberto Ruiz, no se cree que Coalición Canaria no conociera el expediente.
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