EL DÍA, S/C de Tenerife
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, informó ayer en el Congreso de que en esta legislatura el Gobierno reducirá en un 30% las cargas administrativas que deben afrontar las empresas españolas. La medida, según sus cálculos, supondrá un incremento del 1% del PIB.
El día antes, en su primera comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Alta para informar acerca de los objetivos de su departamento para esta legislatura, Salgado ya explicó que al trasponer la directiva de la Unión Europea que insta a reducir este tipo de costes, el Ejecutivo español pretende ampliar la reducción de las cargas administrativas del 25% recomendado por la Unión Europea a un 30%, con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía.
"Caso Taguas"
Salgado también destacó en el Senado la importancia de la ley que regula el acceso electrónico en la labor de modernización de los servicios de Administración públi-ca. Una normativa para la que fijó una fecha límite de implantación en 2009. Hay que destacar que en su comparecencia de ayer en el Congreso, la ministra aseguró que obró "bien desde el punto de vista ético y jurídico" ante la autorización por parte del Gobierno al nombramiento del director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, al frente de la patronal de constructoras Seopan, si bien admitió que el caso no está cerrado porque legalmente existe un plazo de dos años en que se puede revocar ese visto bueno.
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