Desde mi observatorio...

CONTINUANDO una semana más con aquellas cosas que ocurren hoy en día en España, como cosas normales o naturales y que yo no termino de entender o asimilar del todo, vamos a referirnos a algunas de ellas: la vicepresidenta del Gobierno decía hace unos días en el Senado que en esta España "laica" (la que renuncia a toda instrucción o creencia religiosa) era necesario limitar la libertad religiosa y revisar las leyes que la amparan, así como el uso público de los símbolos religiosos, especialmente en actos oficiales, Ejército, etc., ¡porque entra en contradicción con otras libertades! Ocurre que, según nuestra Constitución, aún vigente, el artículo 16, en su párrafo 1, expresa que se garantiza la libertad ideológica y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En su apartado 3 dice que "ninguna confesión tendrá carácter estatal (es decir, que el Estado será aconfesional, no laico, y mucho menos laicista), añadiendo: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española (un 80% declarada católica) y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica (en función del porcentaje citado) y las demás confesiones".

Esto concuerda con el nombramiento de José María Contreras, un ultralaicista como nuevo director de Asuntos Religiosos, un ideólogo que aboga por desterrar los símbolos religiosos en los actos públicos, centros de enseñanza y edificios públicos, abogando por la revisión de los concordatos, abriendo una negociación con la Santa Sede para acomodar los Acuerdos a la "evolución de la sociedad española"; requiriendo que la enseñanza de la Religión Católica deberá estar en el ámbito privado y personal, y la revisión del modelo de financiación religiosa. Mira por dónde, este Gobierno del talante y del buen rollito, de la "igualdad" y de los miembros y las "miembras", va a lograr lo que Alfonso Guerra en la época de Felipe González y durante tres mandatos, no consiguió: que a España no la conozca ni la madre que la parió. Esto sucede por el pasotismo y el partidismo de los españoles. Siempre será cierto que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Será posible algún día que se prohíban las procesiones de Semana Santa en Sevilla, Málaga, Murcia, Zamora, Valladolid? ¿Puede entenderse que perturban el orden público? ¿Y algunos espectáculos deportivos como carreras pedestres o ciclistas? Desde luego, si continúa el actual Gobierno, donde sí va a desaparecer la simbología religiosa va a ser en el ámbito castrense, hoy en día voluntario. Se trata de desterrar todo lo que recuerde a la España tradicional, católica y respetuosa.

Vuelvo, una vez más, al artículo publicado en El Mundo sobre el INEM, dada la importancia que le doy al empleo para un desarrollo normal de la vida y la familia, y que por cierto el SCE (Servicio Canario de Empleo) en lo que va de año -estamos terminando el primer semestre- sólo ha ejecutado o desarrollado el 8% del presupuesto anual. Según el artículo de El Mundo, sólo el 7% de las colocaciones las realiza este servicio y en el año 2005 se superaba el 11%, todo ello pese a tener unos 1.000 millones de euros de presupuesto y cerca de 20.000 funcionarios.

En estos momentos, parece ser que el número de parados asciende a 2.353.575 registrados en el INEM. Realmente son muchos más, pues, dado el mal resultado del servicio y las servidumbres que conlleva, hay mucha gente parada que no se apunta, por poca confianza en el servicio y para evitar molestias, especialmente amas de casa con hijos. Desde junio de 1998 no había tantos desempleados. Deduzco de lo publicado que el servicio se divide en dos ramas: la estatal, encargada principalmente del pago de las prestaciones, y los servicios regionales o autonómicos, responsables de las políticas activas de empleo, es decir, fomentar la colocación de los parados. Parece ser que, a pesar de cobrar más los funcionarios regionales que los estatales, es la rama regional o autonómica la que falla. Lógicamente, este servicio público no crea puestos de trabajo, como ocurre con la Universidad con sus licenciados o diplomados, pero debe estar en condiciones de mejorar la ocupabilidad de quienes están buscando un empleo. Si no, ¿para qué se creó?

La paradoja es que las empresas tienen hoy en día más de 100.000 empleos sin cubrir y tienen que recurrir a las oficinas de colocación privadas o empresas de selección. La colocación de cada parado por el INEM se ha calculado que su coste supera ampliamente los 1.000 euros. Una limpiadora de 44 años manifiesta que nunca la han llamado para un empleo (conozco personalmente varios casos en Tenerife), otra, decoradora, manifiesta que solicita cursos y no se los ofrecen, no digamos si son cursos con posibilidad de un empleo posterior, entonces hay que reunir una serie de condiciones especiales que no viene al caso explicar, pero que todo el mundo adivina para poderlo realizar.

Hace más o menos un año salió en Candelaria un curso en estas condiciones. Lo solicitó un desempleado de más de 40 años, con tres hijos pequeños con residencia en Candelaria, que reunía las condiciones, y no fue ni convocado. El Servicio Canario de Empleo debería clasificar adecuadamente a cada parado, y, llegado el caso, ofrecerle una formación adicional si fuera necesario y marcarle un itinerario de inserción laboral con unos plazos adecuados. Hoy en día, se limitan a enviar los datos de los parados inscritos que les requieren los empleadores, sean públicos o privados.

De las oposiciones mejor no hablar. Hay quien se ha encerrado varios meses estudiando durante muchas horas un temario, ha realizado las pruebas, ha salido satisfecho, no ha estado clasificado como apto, ha pedido una revisión de su examen, y no ha tenido ni una sola corrección. ¿No se ha corregido o lo tenía perfectamente hecho? Al menos, si lo ha hecho bien, debería haber sido incluido en una lista de reserva en espera de otras vacantes. En cuanto al tantas veces pregonado tema de los emprendedores, trabajadores autónomos, etc., muchos de ellos realizando servicios de carácter público y beneficiosos para la comunidad, la realidad es que cualquier empresa o negocio necesita al menos un semestre de rodaje para que con mucha suerte empiece a dar beneficios, y resulta que las instituciones públicas, notarios, registradores, etc., los tupen a gastos e impuestos, y los bancos, por supuesto, desde el primer mes cobran sus beneficios, intereses y amortizaciones, con lo cual o se dispone de un buen capital inicial, no siempre posible, o el fracaso está garantizado y el desempleo asegurado con una buena deuda encima. ¿Quién es el valiente que en estas condiciones se atreve? Posiblemente, quienes tengan ese capital inicial o dispongan de unos buenos padrinos, llámense relaciones, si se quiere, y poder acceder a subvenciones que en ciertos casos se consiguen, incluso a fondo perdido. ¿No podrían instituir una moratoria, tanto los servicios públicos como los bancos, en su caso con apoyo público, para facilitar esta beneficiosa decisión para toda la sociedad? ¡Es necesario apoyar a los que crean empleo! Hay que ofrecer créditos blandos o subvenciones, pero accesibles para todos.