El Gobierno canario reorganiza el funcionamiento del sistema judicial

O.G/EL DÍA, Tenerife

Apenas dos días después de que el Gobierno de Canarias anunciase que no hay dinero para afrontar la apertura de los registros civiles por la tarde para intentar desbloquear el colapso que se registra en muchos de ellos, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el decreto a través del cual se crea la estructura necesaria para el diseño, creación, organización e implantación de la Oficina Judicial en el ámbito de la Comunidad autónoma.

El nuevo instrumento judicial, que servirá de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, está previsto que comience a funcionar como tal en el año 2010, según fuentes del Ejecutivo regional consultadas ayer por EL DÍA.

Las mismas fuentes indicaron que la Oficina Judicial -que nace al amparo de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial-, servirá para "racionalizar" la Administración de Justicia en el Archipiélago. "La idea es separar el papeleo de las sentencias", resumieron.

Además, las fuentes consultadas por este periódico añadieron que la implantación de la nueva organización costará, teóricamente, "mucho dinero".

En este sentido, la viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno autónomo, Carolina Déniz -que será la presidenta de la Comisión de Participación y Asesoramiento para la implantación de la Oficina Judicial-, apuntó ayer que finalidad de este nuevo órgano será "protocolizar" y "homogeneizar" todo el procedimiento judicial.

"La idea es que si alguien pone una demanda en Canarias, sea en una isla o en otra, el item sea exactamente el mismo y todo esté protocolizado", precisó Déniz.

Del asesoramiento y la información a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad para el diseño, creación y puesta en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial se encargará una Comisión de Participación y Asesoramiento, que estará presidida por la propia Carolina Déniz.

En la citada comisión, actuarán como vocales el director General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias; el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; los presidentes de las Juntas de Personal al servicio de la Administración de Justicia en Canarias; el presidente del Consejo Canario de Abogados; el presidente del Consejo Canario de Procuradores y un representante de los Colegios de Graduados Sociales y Relaciones Laborales designado de entre los Decanos de los Colegios. El secretario de la comisión será un funcionario de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.