Madrid, EFE Las Comunidades Autónomas deberán promover la instalación de desfibriladores en lugares de gran afluencia como aeropuertos, estaciones de tren, estadios de fútbol o centros comerciales, entre otros.
Así se desprende del proyecto de real decreto para regular las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de estos aparatos fuera del ámbito sanitario, que pasó ayer a trámite de audiencia y que se presentará mañana en el Consejo Interterritorial de Salud.
La fibrilación ventricular es la responsable de hasta un 85 por ciento de las paradas cardíacas extrahospitalarias, un total de 24.500 en España cada año.
La experiencia científica ha demostrado que la efectividad de la desfibrilación temprana en la recuperación del ritmo cardíaco es del 90 por ciento, cuando es posible utilizarla en el primer minuto del ataque.
Hasta ahora, desde el ámbito estatal no se había abordado la regulación de la práctica de la desfibrilación con estos aparatos por personal no sanitario.
Con este proyecto, según ha informado Sanidad en una nota de prensa, se pretende garantizar el acceso seguro de la población a este primer eslabón de la cadena asistencial.
Los Ejecutivos autonómicos establecerán los mecanismos para autorizar su uso a todas las personas con los conocimientos mínimos necesarios, para lo que tendrán que proporcionar formación sobre la identificación de situaciones susceptibles de su empleo, así como sobre su utilización.
Los organismos, empresas e instituciones públicas y privadas que instalen un desfibrilador tendrán que garantizar su mantenimiento y conservación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Las CC.AA. establecerán también los mecanismos de inspección y control oportunos para garantizar el cumplimiento del real decreto.
El departamento que dirige Bernat Soria cumple con esta iniciativa, uno de los objetivos de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud, que se aprobó en junio de 2006.
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