La Cámara no quiere dar la cara

... En una democracia moderna y sana, los políticos no constituyen una clase en sí misma. Es decir, que entre otras cosas no se otorgan privilegios cuya financiación parte del bolsillo de los ciudadanos a los que representan. Pero, sobre todo, en una democracia madura dichos representantes tienen la obligación, que no la mera posibilidad, de ofrecer explicaciones de las decisiones que adoptan, sean éstas cuales sean. Es un derecho de la ciudadanía. Sin embargo, buena parte de los políticos canarios dan a menudo motivos para pensar que se han constituido en una clase o que tienen conciencia de serlo. El reciente incremento de los sueldos de sus señorías y el oscurantismo con el que éste salió adelante es buen ejemplo. Nadie supo que los diputados iban a cobrar dos medias pagas más al año hasta que fue publicado en prensa, sin que alguien en la Cámara hubiera abierto la boca para contarlo, para explicarlo. Después se han producido algunos intentos, en los que se ha asegurado que es que los parlamentarios del Archipiélago están entre los peor pagados de España. Claro que también es cierto que la incidencia de la crisis en Canarias ha sido de tal magnitud que el Gobierno autónomo ya prevé ingresar este año 470 millones de euros menos de lo que creía. Y ello, hay que recordar, obligó a que renunciara a su idea de financiar el cambio de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Los diputados, ajenos a ello, se han subido los sueldos y, sobre todo, no han querido explicarlo. Años atrás el Parlamento ya había dado un ejemplo de este tipo de actitudes expropiando ilegalmente las propiedades adyacentes para expandirse.

... Una curiosidad más de este asunto es que los pagadores de esa subida salarial, los ciudadanos de a pie, han decidido preguntar a sus empleados, los diputados, acerca de por qué utilizan sus menguantes recursos en plena época de crisis para cobrar más -que es bastante más de lo que percibe la media de los trabajadores en las Islas-. Y ningún diputado ha querido responder. Es decir, al menos dos personas habían formulado por escrito sendas preguntas de iniciativa popular, que así se denominan. Para que éstas sean formuladas en el Pleno del Parlamento y el debate sea público, con luz y taquígrafos, era necesario que fuera asumida por una de sus señorías, que sería la encargada de defenderla ante sus compañeros. Algún bienpensante podría haber albergado la esperanza de creer que lo normal en una democracia sería lo que hicieran sus representantes. Pero no, los diputados han preferido callar y que la respuesta la reciban estos ciudadanos en sus casas.