S. ESPECIAL, Caracas
Una vez derogada la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, calificada por el presidente Hugo Chávez como "desastrosa" y por expertos en el tema como "inconstitucional" y violatoria de los derechos humanos", se despeja el camino en la Asamblea Nacional para que los diputados asuman el reto, ya superado en algunos países europeos y latinoamericanos, de regular esta actividad que se mueve en una "zona gris", sin poner en riesgo los derechos y garantías individuales.
Tanto especialistas en seguridad como abogados y activistas de derechos humanos consideran necesario delimitar y controlar, a través de una ley, las labores de inteligencia y contrainteligencia en el país. Si bien admiten que en la Carta Magna no hay una mención expresa a la redacción de esta norma, justifican su existencia recordando las experiencias registradas en Chile y Perú, donde "la mayoría de los crímenes se cometieron usando la inteligencia como subterfugio".
"En países como Venezuela, donde también en el pasado se cometieron algunos abusos, no sólo en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez sino también durante la época de la guerrilla, se debe elaborar una legislación que proteja al Estado democrático", manifestó el presidente de la Comisión Andina de Juristas, Carlos Ayala Corao.
Asimismo, según la máxima responsable de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa, Rocío San Miguel, "la salud democrática y el respeto a los derechos humanos de cualquier Estado se puede medir en función de las garantías que ofrece su servicio de inteligencia".
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