El alcalde dice que PP y CC engañan a Bajo la Cuesta

EL DÍA, Candelaria

El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, manifiesta que "es vergonzosa la manera en que determinadas formaciones políticas intentan engañar a afectados de Bajo la Cuesta". Al tiempo, considera "de muy baja moral a la oposición que, ante la falta de argumentos, emplea insultos y descalificaciones, además de manipular la información".

Para García Trujillo, "con chanchullos y mentiras no se puede poner en entredicho el trabajo del ayuntamiento en defensa de las viviendas de Bajo La Cuesta y tampoco es la forma en la que la mayoría de esos vecinos quieren que se defiendan sus intereses". En su crítica incluye al abogado que representa a una parte de los habitantes de dicho enclave, porque "determinadas actitudes" del mismo "sólo buscan enfrentar a estos con el consistorio y a los propios vecinos del municipio entre sí, incluso sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos".

Además de ratificar que el gobierno municipal continuará defendiendo las viviendas de Bajo la Cuesta, "a pesar de que no comparte algunas acciones emprendidas por los vecinos", el alcalde dice estar satisfecho de que la Audiencia Nacional haya aceptado las medidas cautelares solicitadas y espera que pueda haber una sentencia favorable a los vecinos en el caso de que su representación legal pueda justificar "la necesidad de que se ejecute otro deslinde" porque "el aprobado tenía un error técnico", según defiende el citado letrado.

En caso de producirse tal sentencia, el ayuntamiento iniciará el proceso de modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para fijar un nuevo deslinde y solicitar la que Bajo la Cuesta sea zona urbana, tal y como hizo el consistorio en 2006, aunque fue rechazado por la COTMAC, algo que fue publicado en la edición del BOC de 8 de mayo de 2007, pero "los vecinos están engañados hasta el nivel de no reconocerlo".

En este sentido, García señala que está pendiente de que el topógrafo al que los vecinos encargaron un estudio contacte con el consistorio para mantener una reunión a fin de conocer sus argumentos.

"No es serio que los interesados pretendan un certificado del ayuntamiento donde se señale que las edificaciones afectadas por los derribos se construyeron antes del año 69 y que no estaban en dominio público, cuando, en otra ocasión, apuntan que las viviendas son de los años 70", indica el alcalde.