Sanción de 1.330 euros diarios por la tardanza del complejo ambiental

EL DÍA, S/C de La Palma

El Gobierno de Canarias está sancionando con más de 1.300 euros al día desde diciembre de 2007 a la empresa que ejecuta las obras de construcción del complejo ambiental ubicado en la Villa de Mazo, multa que se justifica por los retrasos en la ejecución de los trabajos, según dijo ayer en el Parlamento de Canarias el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, a preguntas del diputado socialista Manuel Marcos Pérez.

Berriel explicó que las obras del citado complejo se desarrollan en dos etapas, cuyos plazos de entrega al Gobierno de Canarias se han prorrogado en dos ocasiones, debido a que la empresa adjudicataria de la edificación de la infraestructura para el tratamiento de residuos en la Isla "no presentó el proyecto en el tiempo previsto, ni con las modificaciones acordadas", por lo que "ha sido la responsable de las demoras registradas y este incumplimiento ha sido penalizado con la imposición de una multa diaria de 1.334,17 euros desde diciembre de 2007 y hasta la conclusión de la obra".

Listo en octubre. El máximo responsable del área de Medio Ambiente del Ejecutivo canario también aclaró que, a pesar de las vicisitudes sufridas en la ejecución de esta obra, "la concesión de otra prórroga a la empresa, sujeta a la imposición de las multas correspondientes, no se excederá más allá del próximo mes de octubre". Una vez concluida la construcción, el complejo será entregado al Cabildo insular, al que le corresponde su puesta en marcha.

Críticas. Por su parte, Manuel Marcos Pérez dijo que el retraso en el complejo ambiental, que tenía que estar acabado a finales de 2006, es "injustificado", calificando de "vergonzoso" que una isla denominada Reserva Mundial de la Biosfera "no tenga resuelto aún el tratamiento de sus residuos" y achacó la responsabilidad al Gobierno autonómico, "único responsable de su ejecución y que ha pospuesto en sucesivas ocasiones su finalización".

Además, el político palmero criticó la ubicación del proyecto, que tildo de "gran chapuza" al permitir que una obra de estas características se sitúe al lado del monumento natural de la Montaña del Azufre, "lo que supone una agresión al medio ambiente". No obstante, resaltó la necesidad imperiosa de abrir el complejo ambiental, ya que el mencionado retraso ha propiciado "una continua agresión al medio", de la que consideró responsable al Gobierno por permitir "el vertedero ilegal de barranco Seco".