La procuradora del ayuntamiento en el "caso Alcampo" presenta su renuncia

F.A.F., La Laguna

La procuradora que hasta ahora representaba al Ayuntamiento de La Laguna en el denominado "caso Alcampo", Carmen Guadalupe García, renunció a esta responsabilidad el pasado 4 de junio según se desprende de un escrito al que ha tenido acceso este periódico. En él, la citada procuradora notifica a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que "por medio del presente escrito renuncio a la representación del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, por lo que deberá ser requerido a fin de que designe nueva procurador en el plazo que por esa Sala se señale".

En el mismo, Carmen Guadalupe García suplica a la Sala que "teniendo por presentado este escrito, se digne a admitirlo y se acuerde lo solicitado en el cuerpo del mismo", esto es, que se proceda a instar a la corporación a buscar un nuevo procurador que le represente en el proceso judicial abierto con motivo de la concesión de las licencias de Actividad y Obras a Alcampo.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió a su vez una providencia en la que atiende la petición de la procuradora en relación a la representación que esta ostentaba del ayuntamiento, y "requiere a la Gerencia de Urbanismo de la corporación lagunera que en el plazo de diez días designe un nuevo procurador que le represente".

Origen de la polémica

La renuncia de la procuradora Carmen Guadalupe García como representante del ayuntamiento supone un nuevo contratiempo para la Gerencia de Urbanismo de La Laguna en el "caso Alcampo", pues se suma a la desestimación por parte del TSJC del recurso de alegación presentado en su momento.

Este periódico intentó en la tarde de ayer ponerse en contacto con la afectada para que explicara la razón de su decisión, pero esta rehusó con rotundidad hacer cualquier declaración al respecto y se limitó a colgar el teléfono.

Cabe destacar que la polémica en torno a este proceso se había instalado en la recepción, o no, por parte del ayuntamiento, del auto del TSJC rechazando las alegaciones de Alcampo y Urbanismo, una responsabilidad que residía en manos de su hasta hace poco procuradora y que había quedado en entredicho por esta polémica.