EL DÍA, La Orotava
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Orotava, Manuel González, ahondó ayer en sus críticas al gobierno local (CC) por la situación de las 115 casas supuestamente irregulares que la empresa Pejomar ha edificado desde el año 2006 en la zona de Los Frontones. En un hecho sin precedentes, los nacionalistas gobernantes decidieron remitir el caso a la Fiscalía general tras el levantamiento, por dos veces, del precinto de los trabajos por parte de la constructora. Sin embargo, el líder del PSOE cree que el asunto no debe quedar sólo en qué decide ahora la Fiscalía, sino que se han de asumir responsabilidades políticas por una situación "rocambolesca" que, a su juicio, deja en muy mal lugar al alcalde, Isaac Valencia, porque de él eran las competencias de Urbanismo y Disciplina Urbanística en el momento en que comenzaron los trabajos, sin que impidiera su desarrollo, pese a carecer de los permisos pertinentes y ejecutarse sin proyecto y en suelo no apto, al ser rústico.
El concejal del PSC cree que, aunque la situación sea legalizable, los hechos son sumamente graves. "Se ha quebrantado el reglamento. Las cosas se han hecho al revés y ahora se pretende asumir una política de hechos consumados, algo muy habitual en CC. No obstante, alguien debe responder por la ilegalidad permitida hasta ahora. La relevancia del caso radica en que se trata de la primera vez que el Ayuntamiento orotavense remite a la Fiscalía un asunto de este calibre, de consecuencias imprevisibles más allá del incumplimiento en sí de los precintos".
Con independencia de que se haya agudizado el debate en el seno de CC y su entorno sobre la sucesión o no del alcalde a raíz de este caso, tal y como desarrolló ayer este periódico, el equipo gobernante sí se ha mostrado compacto y unido en torno a la decisión de remitirlo a la Fiscalía.
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