EL DÍA, Buenavista
El pleno del Ayuntamiento de Buenavista aprobó recientemente por unanimidad solicitar al Gobierno de Canarias la implantación del turno de tarde en los dos centros sanitarios del municipio, medida que, según recalca, responde a la necesidad de aumentar el tiempo de atención y favorecer así el acceso de aquellas personas con dificultades para acudir al médico por razones laborales.
La petición se extiende al centro sanitario del casco urbano, ubicado en la avenida Daute, y el de el barrio de El Palmar, que hasta ahora poseen un horario de mañana que "resulta insuficiente para el tipo de demanda sanitaria existente en el municipio".
La iniciativa fue presentada por Alternativa Sí Se Puede, si bien los socialistas gobernantes agregaron a la moción una demanda histórica de la localidad: la prestación de los servicios de urgencia 24 horas y el de extracciones sanguíneas.
El portavoz del equipo de gobierno, Víctor Lorenzo, explicó ayer que Buenavista "ha tenido que soportar una situación sanitaria en el municipio muy deficiente, hasta el punto de que el inmueble en el que se halla el actual y principal centro sanitario es de propiedad municipal. La demanda se ajusta a lo existente ya en otros centros sanitarios de la Isla", por lo que confía en que sea atendida por la Comunidad.
El ayuntamiento también solicitará a la Consejería de Política Territorial una línea de ayudas económicas destinadas a los vecinos de los núcleos del Parque Rural de Teno con el objetivo de afrontar el sobrecoste que supone para las economías familiares la adaptación a la ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias.
Tras la declaración del Caserío de Masca como Bien de Interés Cultural, la solicitud de asienta en los requisitos exigidos para cualquier modificación en las viviendas ubicadas dentro de este espacio natural. Las restricciones impuestas se suman a las del Plan Rector y de Uso y gestión del Parque, lo que obliga a los vecinos a un "esfuerzo económico mucho mayor que cualquier otro ciudadano por tener que emplear materiales poco usuales, habilitar recursos arquitectónicos más complejos y afrontar gastos de transporte para salvar la lejanía de sus inmuebles con respecto al casco urbano".
El gobierno local sostiene que la ley debe facilitar que los afectados puedan cumplir con lo que se les exige, propiciando fórmulas de financiación que permitan hacer sostenible para las economías familiares la rehabilitación de sus viviendas.
De esa forma, se conjugará la protección del patrimonio con la igualdad de los ciudadanos y se suavizarán en buena parte los perjuicios económicos.
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