Las 2.500 plazas planificadas para los dependientes peligran por falta de dinero

EL DÍA/AGENCIAS, Tenerife

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, adelantó ayer en rueda de prensa que las 2.500 plazas planificadas por su departamento para cuidar a personas dependientes en centros están en peligro, después de conocer el resultado de la reunión mantenida ayer en Madrid por la directora general de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Araceli Sánchez, con representantes del Gobierno central.

Rojas explicó que, en principio, la creación de estas 2.500 plazas iba a estar financiada por el Estado, pero, en la citada reunión a la que asistió Araceli Sánchez, el Estado confirmó que los criterios de reparto para la financiación han cambiado y, en vez de realizarlo en función del número de personas dependientes se hará teniendo en cuenta la extensión del territorio, por lo que el Archipiélago sale perdiendo.

Según Rojas, "esta comunidad autónoma afronta la Ley de la Dependencia superando debilidades y con garantías" y recalcó que dicha norma tiene como plazo para que se implante hasta 2015.

Al respecto, indicó que desde el propio Gobierno central se ha reconocido que "quizás se necesite ampliar" la fecha establecida para su definitiva implantación, así como que tiene "debilidades".

Asimismo, hizo hincapié en que la Ley de la Dependencia "paga a los dependientes, no a los que los cuidan" e informó de que el Gobierno canario empezó a conceder las ayudas a dependientes en las islas el pasado mes de marzo aunque puntualizó que los primeros que las están recibiendo son los enfermos "severos".

Explicó que en Canarias hay 250 dependientes valorados como severos. De estos, recordó que en marzo recibieron las ayudas "con carácter retroactivo" siete personas, en abril 58 y en mayo se ha superado la cifra de los 200, según la consejera.

Asimismo, matizó que en Canarias hay un total de 39.928 personas dependientes y de estas han solicitado un informe de valoración 14.604 (37%).

Agregó que de las 14.604 personas, se ha evaluado a 10.600, de las que 250 tienen una dependencia severa y, por tanto, son los primeros en percibir la ayuda.

Ayuda a los ayuntamientos

Rojas informó de que para conceder las ayudas es necesario llevar a cabo una serie de informes y, entre ellos, un expediente de los ayuntamientos.

Sin embargo, los consistorios canarios "necesitan personal porque si no, se ralentiza el proceso". Por ello, indicó que el Gobierno canario ha decidido acordar que los trabajadores sociales de los centros en los que hay dependientes puedan realizar estos expedientes.

Rojas subrayó que el Archipiélago cuenta con 64 valoradores y que se ha aliviado a los ayuntamientos de la presión de que tengan que emitir los informes necesarios, pues lo harán este grupo de trabajadores y profesionales de referencias, ya sean de centros de dependientes o de centros de salud.

Por otro lado, apuntó que las islas también cuentan con la Ley de Prestación Canaria, con la que se está financiando a los ayuntamientos del Archipiélago para que contraten a trabajadores sociales. En este sentido, explicó que el Ejecutivo regional financia a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes el 100 por 100 de la contratación de trabajadores laborales, mientras que con el 80% al resto.

Agregó que con la Ley de Dependencia del Estado y la regional, el Gobierno canario se está destinando a las acciones sobre la dependencia "300 millones de euros", de los que 115 millones de euros están destinados a la Ley de Dependencia del Gobierno central.

Además, señaló que ya ha comenzado junio de 2008 y aún se desconoce la partida que destinará el Ejecutivo estatal a Canarias.