Rechazo unánime en España a la jornada laboral de 65 horas semanales

EL DÍA/AGENCIAS, Tfe./Madrid

Gobierno, organizaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado el pasado lunes por los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales.

Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras cerca de doce horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor.

La Comisión Europea (CE), como ya se informó, mostró su satisfacción por el acuerdo, porque, en su opinión, "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.

Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea y según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, España "trabajará" en el Parlamento europeo para "revisarla". España ha sido uno de los grandes opositores a la ampliación de la jornada laboral, pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE que, de prosperar esta iniciativa, Europa sufriría un "retroceso" en su agenda social con esta medida que acerca a Europa "más al siglo XIX que al siglo XX".

Por su parte, la patronal CEOE lanzó un llamamiento a la tranquilidad y solicita el alejamiento de los "análisis catastrofistas".

Mientras tanto, el portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de estar "confundiendo" a la opinión pública con la directiva europea sobre la ampliación de la jornada laboral, dado que la aplicación de la misma "no es una obligación".

Echániz dijo que esta directiva de la UE es para "situaciones minoritarias", relacionadas con el cómputo de las horas de las guardias médicas, y que, en consecuencia, "no obliga".

"Esto se hace a efectos de soslayar algunas sentencias de los tribunales europeos con relación a si las guardias médicas se computan o no en el ámbito general", dijo.

Acusó al Gobierno de "lanzar globos sonda y cortinas de humo", erigiéndose en defensor de las cuestiones sociales para "desviar" el verdadero debate político del empleo, que es la "alta tasa de paro. Yo les digo al ministro de Trabajo y al presidente del Gobierno que los que tienen que ponerse a trabajar 65 horas son ellos, para resolver el problema que han generado en España con tantas huelgas", apostilló.

Desde el PSOE, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, habló de "escándalo inadmisible" y dejó claro que IU se opone "radicalmente" a la ampliación de los límites de la jornada laboral aprobada por los ministros de Trabajo de la UE.

Mientras tanto, la diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición del Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante.

A juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "tiene que ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para seguir hablando de reducciones.

Por su parte, CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención ante la 97 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del próximo 12 de junio para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo que "podemos abocar a una situación de confrontación muy seria".

Mientras tanto, la patronal Confemetal coincidió con los sindicatos en que una medida así no beneficia en nada a España, que debe buscar la competitividad en otros factores distintos del coste salarial y de los precios.