S. ESPECIAL, Caracas
A juzgar por activistas de derechos humanos y expertos en seguridad, lo único claro entre tanta "ambigüedad" contenida en la recién promulgada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia es que promueve la arbitrariedad, la persecución y el espionaje, e implementa un "Estado policial" en el país. "Viola la Carta Magna" al menoscabar los derechos fundamentales.
Liliana Ortega, directora de Co-favic, considera que el Ejecutivo Nacional está reviviendo la "nefas-ta y terrible" tesis de la seguridad de la nación, que dejó miles de desaparecidos y ejecutados en el Cono Sur durante el siglo pasado. Advierte de que la "vaguedad" en conceptos como éste genera una "inseguridad jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y todos somos objeto de vigilancia".
"Intentan establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos a otros en aras de un concepto de seguridad de la nación que no está definido", sentencia Ortega, haciendo alusión a los artículos 16 y 24 del referido instrumento legal, que promueven la colaboración de ciudadanos en labores de inteligencia y contrainteligencia, bajo carácter secreto.
A juicio de Carlos Alberto Nieto, portavoz de una Ventana por la Libertad, la ley crea "mecanismos para la persecución de la ciudadanía en general". No obstante, identifica a los activistas de derechos humanos, a los periodistas y a los políticos como los principales afectados, por el hecho de manejar información que las autoridades pudieran considerar como confidencial o secreta, y cuya publicación -según la ley- "acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas".
Clandestinidad
"Si la historia es que las ONG van a trabajar en la clandestinidad, trabajaremos en la clandestinidad. No tenemos miedo", aclara Nieto, en nombre de la organización que representa y que monitorea la situación carcelaria del país.
En este sentido, Francisco Usón recuerda que tradicionalmente la sanción ha recaído en la persona que, por acción u omisión, proporcionó la información secreta, mas no en quien la publicó. "Aquí se está castigando no sólo a la persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de ella. Esta ley es equivalente a la Ley Mordaza, pero para la ciudadanía en general".
A juicio de este general retirado, el esquema de inteligencia y contrainteligencia que plasmó el Gobierno de Hugo Chávez en la recién promulgada ley es una "copia clásica de cualquier país donde ha existido o existe un régimen totalitario, como Cuba, la Alemania de Hitler y la antigua URSS".
Estima que podrían venir modificaciones del Código Orgánico de Justicia Militar y probablemente del Código Penal, para incluir delitos referentes a esta materia. "Esta Ley de Inteligencia no viene sola", acota.
Si bien Liliana Ortega admite que todo Estado tiene derecho a resguardar su seguridad y a mantener ciertos niveles de confidencialidad, asegura que debe ejercerlo de "manera clara, dentro del marco democrático y respetando las garantías".
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