El Ayuntamiento icodense edifica 58 casas protegidas en suelo para colegios

ÁLVARO MORALES, Icod

El barrio icodense de Santa Bárbara tendrá en breve 58 casas de protección oficial que, aunque sean perfectamente legalizables, tal y como aseguran CC y PSOE, a estas fechas son ilegales porque se levantan en suelo destinado a equipamiento docente, tal y como regulan las normas subsidiarias del municipio, que serán sustituidas en el futuro por el archiconocido y muy participado Plan General de Ordenación. La situación actual de esta promoción pública impulsada por el ayuntamiento a través de la empresa Icodemsa, con un préstamo de CajaCanarias, es tan sospechosa o claramente irregular que forma parte del sumario por el que se investiga al anterior grupo de gobierno, que lideraba el socialista Juan José Dorta, aunque la Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata ya lo ha puesto en conocimiento de la Agencia del Medio, culpa también al gobierno actual (CC-PP) y tiene previsto acudir a los tribunales.

El concejal responsable de Icodemsa, Francisco Rivera, admite, en declaraciones a EL DÍA, que conoció esta situación irregular hace escasos días y que, inmediatamente, lo puso en conocimiento del equipo jurídico de la compañía para que analizara los hechos y las opciones. El edil tiene claro que, de ser necesario, se personará en los próximos días ante los juzgados para denunciar también los hechos, ya que no se han percataron de la irregularidad porque daban por hecho de que la licencia otorgada cumplía todos los requisitos.

Sin embargo, ese permiso se concedió durante el mandato anterior pese a los informes contrarios de la secretaria accidental del ayuntamiento y un técnico del área, según consta en la denuncia que ha presentado la citada asociación ante la Agencia del Medio.

El actual portavoz del PSOE en el consistorio y anterior concejal de Urbanismo, José Alberto Ruiz, admite que "metieron la pata" al aprobar una licencia con esos informes en contra, si bien subraya que existía y existe una gran demanda de viviendas en la zona de Santa Bárbara y que la situación es "totalmente legalizable porque el Plan General recoge este suelo para viviendas, lo ha aprobado la Cotmac y hubo incluso subvenciones del Gobierno regional, aparte de un préstamo suscrito con CajaCanarias.

Este edil no quiso pronunciarse mucho más sobre un asunto que forma parte del litigio judicial sobre el anterior mandato, pero deja caer la posibilidad de que las casas se aprovechen para compensar a los muchos afectados por el anillo insular.

Desde el gobierno, Rivera subraya que no puede paralizar las obras, que se desarrollan a toda velocidad, porque habría perjudicados que podrían exigir indemnizaciones por perjuicios, como la entidad prestataria o el contratista.

Eso sí, el edil insiste en que desconocía la situación, subraya que no pueden analizar a fondo todos los expedientes "porque lo que nos han dejado es un caos" y que confiaba en que la licencia no tuviera estos reparos. No obstante, ahora quiere curarse en salud al máximo y espera el informe de su equipo jurídico para decidir qué acciones tomar.

La clave

Precauciones ante los perjuicios

El vicepresidente de Icodemsa, Francisco Rivera, se muestra tajante ante las posibles opciones que le den sus juristas y asegura que acudirá a los tribunales de forma inmediata si de esa forma puede salvar el honor y la buena gestión del gobierno actual sobre estas casas. El portavoz del PSOE, por el contrario, duda de que el equipo gobernante desconociera la situación y permitiera seguir con la construcción, "entre otras cosas porque los juzgados le han pedido al ayuntamiento toda la documentación sobre este caso por la causa abierta. Además, lo lógico es que este tipo de expedientes se estudien a fondo", afirma Ruiz, para el que CC sólo está "escudándose". La Asociación en defensa de La Culata tampoco se cree los argumentos del gobierno actual, mientras Rivera insiste en que no supo de estos hechos hasta hace unos días, cuando el periodista local Narciso Ramos, de un medio icodense que se publica en internet, le preguntó por la cuestión. Rivera recalca que sólo quiere que el ayuntamiento no se vea perjudicado por los posibles daños y perjuicios en caso de que se tenga que parar la obra, por lo que pediría responsabilidades al anterior gobierno.