M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
La incorporación a la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno canario de las competencias referidas al empleo han convertido esta área en una de las más "calientes" del organigrama del Ejecutivo regional. Su responsable, Jorge Rodríguez -palmero, ingeniero industrial y profesor universitario-, estaba acostumbrado a lidiar con las atribuciones "originales" del departamento -no en vano ejerció como viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías durante la segunda mitad de la pasada legislatura-, pero no tanto con las relacionadas con las políticas de empleo que, durante este primer año de gobierno, le han originado sus principales quebraderos de cabeza.
El estreno de Rodríguez en la dirección de la consejería ha estado marcado por la polémica estrategia mediante la que el Ejecutivo se ha propuesto alcanzar el pleno empleo en el año 2013. El plan fue aprobado en febrero pese al rechazo de la oposición socialista y los sindicatos a parte de su contenido, en concreto, a las medidas orientadas a primar la contratación de residentes, un aspecto tildado de "discriminatorio" y contrario a los principios de la UE. Otros puntos controvertidos del texto fueron "pulidos" durante el proceso de aprobación, como las ventajas para las empresas con residencia fiscal en las Islas.
El notable incremento del paro registrado en Canarias -y la previsión de que siga aumentando hasta alcanzar los 200.000 desempleados a final de este año- tampoco sitúan al consejero en una situación cómoda.
Pero la polvareda levantada por las políticas de empleo no puede hacer olvidar que Jorge Rodríguez tiene también responsabilidad sobre otras cuestiones espinosas. Como encargada de planificar la política energética, la consejería tiene mucho que decir sobre la ubicación de las plantas regasificadoras de Granadilla, en el sur de Tenerife, y Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, cuyos gobernantes municipales se oponen frontalmente a la ejecución de estas infraestructuras en tierra y proponen su instalación mar adentro, una posibilidad que el Gobierno no descarta, ya que su viabilidad técnica le genera dudas.
Los efectos que la directiva europea de liberalización de servicios pudiera tener sobre el comercio isleño, la gestión del nuevo concurso para la asignación de potencia eólica o el impulso a la actividad industrial para diversificar la economía canaria son otros de los retos que asume Rodríguez en una legislatura que ha arrancado bajo el signo de la tensión política y que ha convertido al consejero en uno de los blancos preferentes de la oposición parlamentaria.
Así, el Partido Socialista considera que Rodríguez sigue mereciéndose la reprobación que se le planteó en el último debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. "Nos ratificamos y nos quedamos cortos", dice la diputada del PSC-PSOE Gloria Gutiérrez que, entre otras cosas, le reprocha que se haya "limitado a ser un mero espectador" del crecimiento del paro. Según Gutiérrez, el consejero "no gobierna ni aplica medidas" para paliar la situación y, además, "ha puesto a sindicatos y patronal en su contra". En cuanto al plan de empleo, lo tacha de "documentos propagandísticos e improvisados" y lo inscribe en la estrategia del Gobierno canario de "echar siempre la culpa de todo a la inmigración y a Madrid".
Una opinión diametralmente opuesta tienen quienes trabajan junto a él. "Sabemos que las políticas de empleo van a generar controversia, pero son una apuesta clara y valiente por nuestra tierra", señala una colaboradora, que también destaca la "capacidad de trabajo en grupo" demostrada por el consejero, quien "lidera muy bien los equipos y sabe involucrar a todos los altos cargos en las tareas comunes". Otros resaltan que sepa "ponerse al nivel del trabajador. Es cercano y a la vez muy firme". También hacen referencia sus colaboradores a la "tranquilidad" con la que afronta las situaciones complicadas.
En cambio, Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT-Canarias, entiende que Rodríguez "no ha cumplido con las expectativas" que su nombramiento generó, aunque tampoco lo cree enteramente responsable. La dirigente sindical sospecha que "hay personas por debajo de él que bloquean el aparato del departamento e impiden que no luzca su trabajo". Alicia Rodríguez considera al consejero una persona "dialogante", por lo que le extraña que haya tratado de "sacar adelante la estrategia de empleo con o sin acuerdo con los sindicatos".
Para el portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife, Octavio Hernández, el consejero "tiende a excederse y a adoptar posturas muy expeditivas". Estas reacciones "destempladas" se producen cuando se le plantean propuestas "que se salen del marco en el que se mueve la consejería". También le recrimina que se pronuncie sobre asuntos de competencia estatal "como si fuera el Gobierno canario quien tiene la decisión última".
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